LD (Pedro de Tena) Arenas añadió para Manuel Chaves que "se pasó un montón de años reivindicando la gestión de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia y la autonomía no está sólo para reivindicar, sino también para gestionar mejor".
Recordó en Jerez que una cosa es la responsabilidad de los jueces, que deberá dirimirse en el CGPJ, y otra "distinta" la responsabilidad política, de quien dependen los medios personales y materiales de la Administración de la Justicia. El líder de los populares andaluces recordó asimismo que en octubre de 2004 el PP llevó una moción al Parlamento pidiendo la provisión inmediata de las vacantes, personal de apoyo para jueces y fiscales, el cumplimiento de todos los plazos legales y las responsabilidades que había que pedir al Estado ante dilaciones indebidas, "pero tuvo el apoyo de todos los grupos menos del PSOE". Por último, Arenas pidió a la Junta, como responsable de la Administración de Justicia, "investigación, información y las aclaraciones oportunas".
La situación de la Justicia andaluza
La situación de la Justicia, según el análisis del PP, es como mínimo un disparate y como máximo y decía Pedro Pacheco, un cachondeo. Estos son los datos que demuestran que la situación, que aflora ahora con el caso de Mari Luz y su asesino, es insostenible:
- La ineficacia y lentitud del gobierno Chaves ha provocado un retraso injustificable en la modernización de las infraestructuras judiciales en Andalucía, además de un creciente despilfarro del dinero público.
- El gasto en alquiler de sedes judiciales casi se ha triplicado en ocho años ya que si en el año 2001 rondaba los seis millones de euros, en 2007 ha supuesto más de 14 millones de euros y para el próximo año se acercará a los 17 millones de euros.
- En 2001 el gobierno de Chaves presentó el Plan de Infraestructuras Judiciales, que tenía como objetivo acabar con el gasto en alquileres.
- Tras 10 años de competencias en la Administración de Justicia, el gobierno Chaves ha sido incapaz de cumplir sus compromisos de construir las Ciudades de la Justicia, que fueron la bandera de su Plan de Infraestructuras Judiciales.
- En 10 años sólo se ha puesto en marcha una Ciudad de la Justicia de las ocho que se prometieron:
Almería: Este edificio se iba a inaugurar con la anterior consejera, actualmente se encuentra en obras después de una interminable trama administrativa de 7 años, con bocetos, anteproyectos, concursos de ideas.
Cádiz: Sigue sin fecha y está en fase de licitación del proyecto.
Córdoba: El edificio no estará terminado hasta 2012 o 2013 y está en fase de proyecto.
Granada: Se ha descartado la construcción de una ciudad de la Justicia y se ha habilitado la antigua sede de la Diputación en el espacio de la Caleta. No se concentrarán todos los juzgados- no se acabará por tanto con la dispersión judicial y pronto esta sede quedará pequeña.
Huelva: El Ayuntamiento ofreció un espacio pero la Junta se niega a colaborar en la gestión del suelo y en la posterior construcción del edificio.
Jaén: La construcción de la ciudad de la Justicia se ha visto demorada por las trabas administrativas del gobierno de Chaves. Se anunció que estaría terminada en esta legislatura, pero aún no hay nada.
Sevilla: La polémica del edificio puente, la negativa del Gobierno de Zapatero con la ciudad en lo relativo a su instalación en Los Gordales y el nuevo espacio alternativo en la zona portuaria con las dudas legales de ajuste al planeamiento de la ciudad y con retrasos añadidos, perfilan un futuro más allá del 2012.
Málaga: Es la única provincia que cuenta con una Ciudad de la Justicia en marcha. Ha costado lo suyo en tiempo y en dinero. En tiempo porque se ha retrasado cinco años y en dinero porque el gasto se ha disparado hasta los 92 millones de euros.
- La Ley integral contra la Violencia de Género ordena la creación de 85 Juzgados de Violencia en Andalucía, después de 3 años, los gobiernos socialistas apenas han puesto en marcha el 10 por ciento sobre el total de esta cifra. Un incumplimiento gravísimo, que está colapsando los juzgados de Andalucía y está quebrando los objetivos de esta importante ley.
- Según el Informe del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la Situación de mapa de servicios judiciales y medios materiales observamos, en relación a la violencia de género:
No disponen de turno específico de asistencia letrada para víctimas de violencia de género 26 partidos judiciales, un 33,3 por ciento del total.
En el 86 por ciento de los partidos judiciales no se dispone de Turno Específico de asistencia letrada para imputados en delitos relacionados con la violencia de género.
El 95 por ciento de los partidos judiciales andaluces no cuenta con equipos psicosociales y hay que tener en cuenta que el 5 por ciento de los que sí disponen es un servicio compartido con otros partidos judiciales.
En el caso del servicio de Puntos de Encuentro Familiar, el porcentaje de partidos judiciales que no disponen del mismo es del 87,2 por ciento.
No existe Sala de espera para testigos protegidos en un 92,3 por ciento de los partidos judiciales de Andalucía.
El retraso acumulado en las salas de Justicia de Andalucía es importante. Tan sólo en Sevilla hay 18.000 pleitos civiles pendientes de resolver.
Hay un atasco considerable en los registros civiles.
En los Juzgados de lo Contencioso Administrativo se están fijando fechas para 2010.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado recientemente la orden de la Junta que rebajó el sueldo de los abogados de oficio.
La Justicia gratuita en Andalucía es la peor dotada de nuestro país. La Junta de Andalucía escatima económicamente al destinar, en el año 2006,29.533.578 euros frente a, por ejemplo, los 43.635.456 en la Comunidad catalana.