Chaves confirma que con la realidad nacional "se rompe una forma determinada de concebir este país"

El debate del proyecto de reforma, rechazado en su integridad por el PP y el PA, se prolongó durante más de nueve horas, y dejó para el final el Preámbulo, uno de los puntos más polémicos, que establece que la Constitución española en su artículo 2 "reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad", y el Título Preliminar, que mantiene la definición de Andalucía como "nacionalidad histórica", al igual que el vigente Estatuto.

Estos dos puntos fueron aprobados en solitario por el PSOE, ya que IU y el PA defienden el término "nación", mientras el PP rechazó ambas definiciones y tampoco aceptó una enmienda ofertada por el PSOE que establecía que Andalucía "como nacionalidad histórica se constituye como comunidad dentro de la nación española".

El proyecto de Estatuto, que la presidenta del Parlamento, la socialista Mar Moreno, entregará el próximo 5 de mayo al presidente del Congreso, Manuel Marín, tiene un total de 244 artículos (casi triplica el actual), 11 títulos y cinco disposiciones adicionales, entre ellas la llamada deuda histórica, como fuente excepcional de financiación para garantizar los niveles mínimos, y otra que pide que la inversión del Estado sea equivalente a la población andaluza.

El texto recurre, en la disposición adicional quinta, al artículo 150.2 de la Constitución para reclamar competencias como puertos y aeropuertos, el servicio meteorológico, tráfico y seguridad vial, la cuenca del Guadalquivir o museos archivos y bibliotecas ubicados en la comunidad. En materia de competencias, "blinda" las autonómicas para evitar su invasión y considera propia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Se incorpora un nuevo Título de Derechos Sociales, de forma que los ciudadanos podrán recurrir a la justicia por los incumplimientos del Estatuto, la ampliación de la paridad entre hombres y mujeres a los órganos colegiados o consultivos de la Junta, y el derecho a la muerte digna y a la libertad sexual, entre otros. Las relaciones bilaterales entre la comunidad y el Estado se establecerán en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad, de nueva creación, mientras que se atribuye a Andalucía la gestión y ejecución de los fondos europeos.

También insistió en la idea de que se puede "repetir la historia", en referencia al referéndum del 28 de febrero de 1980, cuando la derecha no respaldó el acceso de Andalucía a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución.

El portavoz parlamentario del PP-A, Antonio Sanz, advirtió a Chaves de que si no se alcanza el consenso pasará a la Historia como el "padre de la desunión y la división" entre los andaluces, tras recordar que el Estatuto de 1981 fue apoyado por la unanimidad. También reprochó que el PSOE se avergüence de la referencia a la unidad de España en el Estatuto y dijo que quizá esto es fruto de que está "obligado" por sus hipotecas de pactos con los nacionalistas.

La aprobación del nuevo Estatuto se produce después de un año y medio de trabajos en Ponencia y Comisión, desde que en septiembre de 2001 el presidente de la Junta planteara la posibilidad de reformar el texto, lo que ligó a la segunda modernización de Andalucía.