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LD (Víctor Gago) Los presidentes de PP y CC han solemnizado este miércoles en el Congreso la firma de un Pacto para la Gobernabilidad de Canarias, uno más de los que ambas fuerzas políticas vienen firmando desde 1993. Los anteriores se rompieron antes de culminar la legislatura. Y, como los anteriores, éste se firma "desde la confianza mutua como principio de la relación" y con la voluntad de cumplirlo hasta el final del mandato.
Mariano Rajoy y Paulino Rivero han dado el máximo perfil posible a la firma del acuerdo de Gobierno, rodeándose de diputados y dirigentes, entre estos, José Manuel Soria, presidente de los populares isleños, quien, en el nuevo Gobierno desempeñará la Vicepresidencia y la omnipotente cartera de Economía y Hacienda de una región con Régimen Económico Fiscal (REF) diferenciado del común de los españoles.
El contrato está lleno de cláusulas genéricas y medidas vagas, cuando no de simples deseos, pero perfila con bastante nitidez una filosofía nacionalista que refuerza el análisis de un giro aislacionista de la Dirección del PP canario; lo que, entre observadores de la política local se ha llamado "una upenización (UPN) del PP isleño", obligado por la urgencia de retener poder tras el severo retroceso en las recientes Elecciones autonómicas y locales: de 17 a 15 diputados regionales; menos votos que cuando, en 1999, José Miguel Bravo de Laguna se vio obligado a dimitir por unos malos resultados; derrota a manos del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, pérdida de la mayoría y del Gobierno en el Cabildo de Gran Canaria,...
De entrada, el PP asumirá un Estatuto de Autonomía que empieza definiendo a Canarias como "Archipiélago Atlántico", una obviedad que provocó en su día la sorna del presidente de los populares, José Manuel Soria. Ahora se añadirá: "... en el marco de la unidad de España", otra obviedad que, sin embargo, permitirá al PP justificar su apoyo a la fórmula sin cambiar la esencia de que nada dice.
En el acuerdo de Gobierno hay novedades fiscales relevantes, como la supresión paulatina del Impuesto de Sucesiones, pero también es cierto que desaparecen otras que han distinguido al PP como un partido a favor de la libertad, como la de un tipo único reducido del IRPF para todos los canarios, a cambio de eliminar la maraña de bonificaciones y exenciones fiscales que hoy benefician sólo a los empresarios que inviertan en lo que les indica el poder político dentro de una economía fuertemente planificada.
En otros campos, como el de la inmigración regular, se ha impuesto la agenda nacionalista.
Así, por ejemplo, el PP asume la misión del grupo de trabajo Gobierno de la Nación-Gobierno regional, creado a mitad de la legislatura anterior y presidido por María Teresa Fernández de La Vega, para fijar un límite virtual al crecimiento de la población.
PP y CC se comprometen a "realizar un diagnóstico sobre la capacidad de desarrollo poblacional de nuestro limitado territorio, valorando la sostenibilidad ambiental y la adecuada prestación de los servicios públicos".
Hasta ahora, el PP se ha opuesto de plano a toda forma de ingeniería demográfica que conceda bases teóricas para un recorte de la libertad de circulación de personas.
El nuevo Gobierno regional pedirá al Estado muchas cosas, en línea con la tradición reivindicativa del nacionalismo, pero una de las más chocantes con las ideas defendidas hasta ahora por el PP es el establecimiento de "cupos" específicos de inmigración regular para Canarias, basados en la "singularidad" territorial, una coartada que en las Islas sirve para todo y que los renovados socios del Gobierno canario aplican en su contrato a la libertad comercial –pidiendo una "modulación" de la Directiva Bolkestein sobre liberalización del comercio interior europeo– y al inminente derribo de los aranceles al comercio del plátano de países africanos y americanos –al que se oponen–.