Tras la primera reunión del gobierno catalán desde el paréntesis veraniego, el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha sido el encargado de explicar la posición "unánime" del ejecutivo.
Saura ha apuntado que el gobierno catalán esperará a conocer la sentencia antes de tomar cualquier iniciativa, y ha descartado de esta forma la opción de la manifestación previa planteada por el vicepresidente Carod-Rovira.
Asimismo, en nombre del gobierno catalán, el consejero ha destacado que el ejecutivo está "absolutamente convencido de la constitucionalidad" del Estatuto, pero a la vez ha apuntado que hará una defensa "firme y contundente" de éste si hay una sentencia negativa. A la pregunta de si en caso de una sentencia adversa hay que seguir desplegando el Estatuto al margen del TC, tal como consideran ERC, el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, y dirigentes como el consejero Ernest Maragall, Saura se ha mostrado ambiguo.
Ha asegurado por una parte que, "como no puede ser de otra forma, el Govern ha de acatar la sentencia" del TC, pero también ha comentado que hay vías para tratar de hacer que se respete el texto original del Estatuto y, al mismo tiempo, el criterio del alto tribunal. En esta línea, ha explicado que, si el TC asegura que un artículo del Estatuto sólo es constitucional si se modifica una ley orgánica del Estado, la Generalidad optaría por impulsar esa reforma legal.
Saura ha dejado claro que el gobierno no tiene dudas de la constitucionalidad del Estatuto, pero ha añadido que, si la sentencia es negativa, no se estaría alterando simplemente una ley orgánica, sino un pacto político entre Cataluña y el Estado.
Por ello, el consejero ha precisado que, en este supuesto, "haría falta rehacer" dicho acuerdo, porque afecta a la "ubicación de Cataluña dentro del Estado", en el sentido de su encaje político.
En este sentido, el número tres del ejecutivo ha resaltado que el Estatuto supone una "nueva relación en muchos aspectos entre Cataluña y España" y que significa asimismo un cambio de las relaciones políticas y económicas con el Estado.
Preguntado por la discusión en el seno del gobierno catalán cerca de la respuesta que debe dar Cataluña a la sentencia, Saura ha subrayado en varias ocasiones que ha habido una posición de "absoluta cohesión" en este punto, a pesar de que en las últimas semanas diversos miembros del ejecutivo catalán se han contradicho.
En este punto, Saura no se ha querido pronunciar sobre el artículo de opinión que este martes publica el consejero Ernest Maragall en el cual aboga por actuar al margen del Tribunal Constitucional. Saura ha resaltado que no se conoce todavía ni el contenido de la sentencia ni cuándo se dará a conocer, y que el gobierno en pleno es partidario de "esperar" al fallo del tribunal, con independencia de que cada partido pueda optar por acudir o no a manifestaciones.
A la pregunta de si el Tribunal Constitucional está legitimado para modificar el Estatuto, ha evitado responder en nombre del gobierno catalán, si bien a título personal ha afirmado que habría sido positivo que un tribunal renovado analizase el texto.