El caso capo volador: El TSJM apunta a un "delito" de Interior

LD (Ángela Martialay) El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha dejado entrever este lunes en una rueda de prensa que el error en la puesta en libertad de Astrit Buschi, el presunto jefe de la banda que el 20 de diciembre de 2007 asaltó el chalé del productor José Luis Moreno, puede constituir un delito de infidelidad en la custodia de presos.

El magistrado rechaza de plano cualquier error judicial, por lo que todos los puntos de mira recaen sobre el Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba, del que dependen tanto las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) como Instituciones Penitenciarias.

Además, Vieira, quien ha calificado los hechos de “muy graves”, descartó cualquier responsabilidad disciplinaria en la que podría incurrir el personal judicial, destacando el "cumplimiento estricto de las funciones" del juez que acordó su puesta en libertad y de los funcionarios. Por ello, ha anunciado el archivo de las diligencias abiertas por parte de la  Alto Tribunal madrileño, aunque remitirá la causa al juzgado de instrucción de Alcobendas para que “si lo cree oportuno” abra diligencias al respecto.

“Pudiendo revelar los hechos que han motivado la apertura de esta diligencias informativa la posibilidad de la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de presos del artículo 471 del Código Penal debe comunicarse a los juzgados de Alcobendas para que incoe una causa penal", destacó Vieira.

Según el artículo 417 del Código Penal, "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

Según el presidente del TSJM, “el juez desconoce por qué Buschi no llegó a la prisión”. En el juzgado se asegura que el presunto delincuente salio esposado hacia la prisión.

Por otro lado, el magistrado subrayó que es necesario que los presos regresen al centro penitenciario cuando hayan sido trasladados a un órgano judicial para realizar los trámites que correspondan en cada momento con el fin de que se cumplan las resoluciones judiciales. En el caso de que decrete la libertad, hay que comprobar si se mantiene la prisión provisional dictada por otras causas.

Protocolo de custodia

El protocolo de custodia de los presos con más de una causa judicial pendiente comienza cuando la Guardia Civil saca a los presos de prisión para declarar en los juzgados. Entonces, los entrega a la Policía, que se encarga de su custodia en sede judicial e Instituciones Penitenciarias se responsabiliza de nuevo de reingresarlos en los centros de donde los sacó. Es allí, en la cárcel, donde se estudia la documentación aportada por los juzgados y se consulta si el preso tiene más causas pendientes antes de ponerle en libertad o devolverlo a la celda.

El ciudadano albanés Astrid Bushi, supuesto líder de la banda a la que se atribuye el asalto a la vivienda del artista y empresario teatral, quedó en libertad el pasado martes a causa de un error tras comparecer en un Juzgado de Alcobendas (Madrid).

La puesta en libertad de Bushi supuso que éste no regresara a la prisión madrileña de Valdemoro a la que había sido trasladado varios días antes desde el centro penitenciario de Puerto 3, en Cádiz, donde se encontraba internado tras ser detenido en noviembre de 2008.

De comprobarse que no ha habido error judicial alguno (aún tiene que pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial  sobre el asunto), la responsabilidad directa recaería directamente sobre el Ministerio del Interior que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba.