Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel amenazan públicamente con un "polvorín" de puertas para dentro a propósito del Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluirá con toda probabilidad una reserva estratégica de 6.000 hectómetros de agua. Una posibilidad que, en opinión de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, "sería tanto como el fin del trasvase Tajo-Segura".
La orden de los presidentes regionales a sus diputados nacionales es clara. Si finalmente el PP castellano-manchego, presidido por María Dolores de Cospedal, acepta estos términos, tendrán que incumplir la disciplina del Grupo Parlamentario y votar en contra del texto cuando sea votado en el Congreso de los Diputados.
Ante tal amenaza de rebelión interna, Mariano Rajoy hizo el lunes un alto en sus vacaciones e hizo llamar a la sede nacional a todos los implicados. Según fuentes de máxima solvencia consultadas por Libertad Digital, el líder del PP sentó en la misma mesa a Camps, Valcárcel y Cospedal.
"Hay que tener sentido de Estado, tenemos que llegar a una postura común", reclamó Rajoy en un encuentro que transcurrió "de forma cordial y sin aspavientos". Este martes, el presidente del PP ahondaba en esta cuestión ante su Comité de Dirección, del que también forma parte el valenciano Esteban González Pons.
Una petición que no convenció, ni mucho menos, a los presidentes levantinos. Según un dirigente de la plana mayor del PP murciano, aceptar dicha reserva hidráulica sería "un suicidio y acabaría por romper la unidad en el partido". Acusa a Rajoy de decantarse "a favor de Cospedal y dejar tirado a su mayor granero de votos".
"Estamos hablando de desquebrajar la unidad de España a través del agua, de no volver a hablar de unidad ni de solidaridad", añadió, en declaraciones a Libertad Digital, otro diputado del PP perteneciente a esta comunidad.
En la Ciudad del Turia también muestran su disconformidad, y cargan directamente contra la secretaria general del PP. Fuentes del entorno de Francisco Camps aseguran que Cospedal "ya ha dicho que sí a la reserva estratégica" lo que supone "un insulto para los valencianos".
Una oleada de críticas a la que el PP de Castilla-La Mancha responde con prudencia. "Esto es parte de la política, pero en ningún caso el trasvase quedará derogado", aseguran fuentes consultadas. Es más, en su opinión "bajo ningún concepto" el agua dada a Murcia y Valencia quedaría reducida.
Por su parte, la dirección nacional del PP se mantiene públicamente al margen y se centra en poner el énfasis en la división que también existe en el seno socialista . "Tenemos claro que tiene que ser una negociación prudente y una negociación discreta", dijo el lunes la portavoz regional del PP y senadora, Carmen Riolobos , que apostilló: "todo lo demás es enredar y crear desazón".