Caamaño sostiene que la Abogacía del Estado se personará en el caso Gürtel

LD (EFE) El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado este martes que ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para personarse como acusación en el "caso Gürtel" después de que la Agencia Tributaria (AEAT) viera indicios de la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el titular de Justicia ha explicado que en este caso están en juego supuestos delitos contra la Hacienda Pública "y la Hacienda Pública somos todos nosotros", por lo que la obligación del Gobierno es defender y velar por los intereses de todos los españoles.

Caamaño ha añadido que, antes de tomar una decisión, se dejó actuar al Ministerio Fiscal, y que tan pronto como éste trasladó la idea de que podía haber algún acto ilícito relativo a delitos contra la Hacienda Pública, se decidió pedir un informe a la AEAT.

Según la exposición razonada que el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, remitió ayer al Tribunal Supremo, ese informe pone de manifiesto la "posibilidad veraz" de que el senador del PP y tesorero nacional de este partido, Luis Bárcenas, haya cometido un delito fiscal.

"Es la propia Agencia la que ha dicho que, según la investigación que ella misma ha realizado, que creía que sí se han producido delitos" , ha señalado el ministro, que ha agregado que fue por ese motivo por el que se emplazó a la Abogacía del Estado "a que adoptara las medidas necesarias para personarse en defensa de todos los españoles en esa causa".

Caamaño ha añadido que se está a la espera de que el Supremo declare su competencia en este asunto para comparecer ante este órgano o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No obstante, ha insistido en que "habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno de España es personarse y defender los intereses de los españoles".

Ya el pasado mes de abril la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,  anunció durante su intervención en un desayuno informativo que la Abogacía del Estado se personará en el caso si había "perjuicio para el Estado".