La tercera sesión del juicio por el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) el 30 de diciembre 2006 se ha centrado en el examen de las pruebas practicadas por los diferentes peritos que han participado en la investigación. Todas ellas concluirían con que el etarra Igor Portu fue quien dio el aviso del atentado, mientras Mattin Sarasola fue quien estacionó la furgoneta que explotó en el módulo D del aeropuerto.
Durante la vista, que ha durado cuatro horas, se han visionado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Barajas en las que se captaron la entrada de la furgoneta en el aparcamiento del aeropuerto madrileño un día antes de los hechos.
Además, se han mostrado otros vídeos en los que se ve a un individuo disfrazado con una gorra, una mascarilla y una maleta abandonando la terminal. Este hombre sería, según el escrito de acusación del Ministerio Público y según varios testigos, el etarra Sarasola. El terrorista es, junto con Igor Portu y Mikel San Sebastián, uno de los miembros del grupo Elurra de ETA que habrían puesto fin a la tregua trampa de la banda criminal, tras la negociación con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En la Sala, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, también se han escuchado las grabaciones de las llamadas con las que ETA advirtió ese día de la colocación de una furgoneta-bomba "de gran intensidad" en el módulo D del aparcamiento. 'Buenos días, le llamo en nombre de ETA, va a explotar una furgoneta bomba'. Los peritos de la Guardia Civil que las analizaron han concluido que hay un 98 por ciento de probabilidad de que la voz fuera la de Portu.
Dentro de las pruebas aportadas se encuentra una carta del que fuera entonces número uno de la banda terrorista ETA, A Garikoitz Azpiazu, alías Txeroki. En la misiva, el etarra reconoce que las torturas alegadas por Portu y Sarasola son falsas. “Lo importante es la preparación de la cantada”, advierte el jefe a sus discípulos. Es decir, la versión de torturas que debe darse en caso de arresto.
Guevara se defiende
Por su parte, paradójicamente, quien se ha querido defender este miércoles en la Audiencia Nacional ha sido el presidente del tribunal, Alfonso Guevara. Tras la segunda sesión del juicio, varios de los abogados que participan en el juicio manifestaron malestar por el trato dispensado por magistrado. "Falta de tacto", "irrespetuoso" o "subida de tono" fueron alguno de los calificativos que utilizaron los letrados para definir la conducta de Guevara. "Tengo la entereza de que si tengo que criticar lo hago en sala, y no en los pasillos, buscando a los periodistas porque mi obligación es mantener el orden en el juicio. Así que por favor déjenme dirigirlo ", ha apuntado.
Por otro lado, el fiscal Daniel Campos ha elevado en su escrito de conclusiones definitivas su petición inicial de 900 años de cárcel a 1.120 años para los tres supuestos etarras que perpetraron el atentado de al considerar que la cifra de heridos es de 52, y no 41, como estimó al principio.
El Ministerio Fiscal reclama que Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada fallecido.
No obstante, la jornada terminaba con un último incidente. Tres de las acusaciones particulares personadas en la causa han solicitado que el Estado sea condenado como responsable civil subsidiario porque sus "mecanismos de seguridad no funcionaron" al permitir que los supuestos terroristas entraran varias veces en el aeropuerto, una solicitud a la que se ha opuesto el fiscal y que el tribunal ha rechazado "de plano" por "extemporánea" en este momento procesal.
El fiscal, que mañana expondrá su informe final, imputa a los tres acusados dos delitos de asesinato terrorista, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas por el atentado con el que ETA rompió su última tregua.
Además de pedir 1.120 años de prisión para cada uno de los acusados, indemnizaciones de 500.000 euros para los familiares de los fallecidos y otras en distintas cantidades para los heridos, el representante del Ministerio Público reclama la prohibición para los presuntos etarras de residir y aproximarse al lugar donde cometieron el atentado durante 10 años.
También pide que se indemnice a los propietarios de los vehículos dañados en la explosión, así como al dueño de la furgoneta con la que los terroristas perpetraron el atentado y al que mantuvieron secuestrado durante tres días.
Por último, considera que deben ser indemnizadas las entidades perjudicadas por los daños provocados en el módulo D del aparcamiento y zonas adyacentes, que han sido valorados en 26.777.520 euros.