L D (EFE) Dada "la sensibilidad" inherente a este asunto bilateral, la Comisión decidió "abstenerse de adoptar un dictamen motivado" con arreglo al artículo 227 del Tratado, e invitó a ambas partes -España y el Reino Unido- a encontrar una solución amistosa", informó la CE en un comunicado. España había planteado una demanda contra el Reino Unido ante la Comisión, por considerar que la legislación electoral británica en Gibraltar viola las leyes comunitarias al conceder el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo a ciudadanos de la Commonwealth que no son comunitarios.
Tras analizar la demanda española "en profundidad" y celebrar el 1 de octubre pasado una "audiencia oral", el Ejecutivo de la UE "no ha encontrado problemas con la legislación electoral británica" en la colonia, afirmó el portavoz de la Comisión de la UE, Reijo Kemppinen. El portavoz explicó que el pronunciamiento de la Comisión y el hecho de que ésta haya decidido emitir una declaración política y no un dictamen jurídico no impide a las partes acudir al Tribunal de Justicia comunitario, con sede en Luxemburgo, para resolver la disputa. El colegio de comisarios había dedicado tres debates a la cuestión y había aplazado en dos ocasiones su respuesta, en medio de una fuerte división interna. "Insistimos en que lo mejor es que las dos partes lleguen a un acuerdo bilateral", subrayó Kemppinen al anunciar la declaración finalmente adoptada.
Si el asunto acaba ante los jueces europeos, la Comisión anunció que se reserva el derecho de emitir entonces un dictamen debidamente razonado. La declaración recuerda que la legislación británica cuestionada por España fue adoptada por el Reino Unido en respuesta a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), la conocida como sentencia "Matthews". España no cuestiona, recuerda también la CE, que el Reino Unido tiene, en virtud de esa sentencia, la obligación de proporcionar a los residentes en Gibraltar propietarios de un pasaporte británico el derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Tampoco cuestiona España, añade la CE en su declaración, la práctica británica de dar a ciertos ciudadanos de la Commonwealth residentes en el Reino Unido el derecho a votar para el Parlamento Europeo.
Tras analizar la demanda española "en profundidad" y celebrar el 1 de octubre pasado una "audiencia oral", el Ejecutivo de la UE "no ha encontrado problemas con la legislación electoral británica" en la colonia, afirmó el portavoz de la Comisión de la UE, Reijo Kemppinen. El portavoz explicó que el pronunciamiento de la Comisión y el hecho de que ésta haya decidido emitir una declaración política y no un dictamen jurídico no impide a las partes acudir al Tribunal de Justicia comunitario, con sede en Luxemburgo, para resolver la disputa. El colegio de comisarios había dedicado tres debates a la cuestión y había aplazado en dos ocasiones su respuesta, en medio de una fuerte división interna. "Insistimos en que lo mejor es que las dos partes lleguen a un acuerdo bilateral", subrayó Kemppinen al anunciar la declaración finalmente adoptada.
Si el asunto acaba ante los jueces europeos, la Comisión anunció que se reserva el derecho de emitir entonces un dictamen debidamente razonado. La declaración recuerda que la legislación británica cuestionada por España fue adoptada por el Reino Unido en respuesta a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), la conocida como sentencia "Matthews". España no cuestiona, recuerda también la CE, que el Reino Unido tiene, en virtud de esa sentencia, la obligación de proporcionar a los residentes en Gibraltar propietarios de un pasaporte británico el derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Tampoco cuestiona España, añade la CE en su declaración, la práctica británica de dar a ciertos ciudadanos de la Commonwealth residentes en el Reino Unido el derecho a votar para el Parlamento Europeo.