Borrell se expone a una "denuncia de acción ilegal" por suspender la tramitación del Manifiesto COPE en Estrasburgo
La tramitación del Manifiesto COPE en el Parlamento europeo, que pedía la investigación del acoso que sufre la emisora por parte de la Generalidad, está paralizada por una decisión de Josep Borrell "sin base legal". Así lo ha denunciado el presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, que en junio decidió admitir a trámite el texto. Borrell dejó en suspenso la admisión de la demanda atendiendo a la petición de doce europarlamentarios que cuestionaban la legalidad de la decisión de Libicki. El polaco considera que la admisión de la petición es "obvia" y advierte que Borrell se expone "a denuncias de acción ilegal" por la violación del reglamento.
L D (EFE) En una carta del presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Josep Borrell, Marcin Libicki acusa al español de haber actuado "sin base legal" y defiende que la petición es "obviamente" admisible, porque "acusa a las autoridades españolas de haber vulnerado derechos fundamentales, relativos en concreto a la libertad de expresión" y recuerda que la demanda iba respaldada por 700.000 firmas de ciudadanos.
Libicki no cuestiona que Borrell haya pedido la opinión de la comisión de Asuntos Constitucionales, pero sí la decisión del presidente de suspender la admisión a trámite y le reprocha que no le haya comunicado la base legal para hacerlo. "No me dio la base legal de su decisión porque no existe", afirma Libicki, que considera que la decisión de Borrell viola el reglamento del Parlamento Europeo y expone a la institución a "una denuncia de acción ilegal frente al Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE" y a una "deshonra sin precedentes".
El manifiesto COPE fue presentado el pasado 24 de enero por el eurodiputado del PP Luis Herrero, quien reclamó que la Eurocámara investigara los motivos por los que la Generalidad no renovó licencias de radio a la emisora y el acoso que sufre la cadena por parte del Gobierno catalán. Le acompañaron los periodistas Pedro J. Ramírez y Cayetana Álvarez de Toledo.
Libicki, eurodiputado polaco del grupo euroscéptico "Unión por la Europa de las Naciones", admitió a trámite la demanda mediante su decisión individual, ateniéndose a las competencias que le atribuye el reglamento como presidente de la comisión de Peticiones. Representantes socialistas y nacionalistas habían presionado para la no admisión de la demanda.
Además, algunos eurodiputados, como el vicepresidente de la Comisión, el laborista británico Michael Cashman, consideraron que se había extralimitado en sus funciones por entender que la decisión de admitir o no a trámite una petición corresponde al conjunto de la comisión de Peticiones en pleno y no a su presidente.
Las quejas se materializaron finalmente en un escrito remitido a Borrell en el que doce eurodiputados de grupos parlamentarios de izquierda y CiU, nueve de ellos españoles, denunciaban la "actitud partidista y antirreglamentaria" del conservador polaco Marcin Libicki y pidieron a Borrell que dejara en suspenso la decisión de admitir a trámite el Manifiesto.
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