Bono condujo a Zapatero a un despacho del Congreso para tratar el chivatazo

La reunión que mantuvieron el pasado miércoles en un despacho del Congreso de los Diputados, el día en que el Hemiciclo se convierte en foco mediático, hizo disparar todo tipo de rumores entre la prensa.

Casi dos horas estuvieron reunidos Zapatero y Bono. Cuando la puerta se abrió y ambos salieron, una nube de cámaras, fotógrafos y periodistas se agolparon para captar la instantánea y preguntarles de qué habían discutido. Con su típica sonrisa, el presidente del Gobierno sólo afirmó: "del calendario legislativo". El presidente del Congreso secundaba las palabras del jefe: "del calendario legislativo y político. Es lo que él ha dicho a la salida".

Nadie, fuera de las cuatro paredes del despacho, se lo creía. Era imposible que durante dos horas se hubieran limitado a debatir sobre el calendario legislativo y menos ese día. Se apuntaba al tema de la sucesión, pero tampoco parecía muy creíble que se hubiera elegido ese momento para hablarlo.

Como cada miércoles en la sesión del control, el diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, preguntaba a Rubalcaba sobre el chivatazo a la ETA. Al vicepresidente primero este escándalo le empieza a pesar y le resulta cada vez más complicado seguir evadiendo las interpelaciones del popular.

El chivatazo y la autorización del Congreso

Fue de esto precisamente de lo que hablaron Rodríguez Zapatero y José Bono, según publica La Razón. Este último fue quien interceptó en los pasillos al jefe del Ejecutivo. Según las fuentes gubernamentales consultadas por este diario, el presidente del Congreso "no se dejó nada en el tintero de lo que piensa sobre esta cuestión". Según esta información, el presidente se mostró tranquilo sobre las consecuencias políticas de este caso y aseguró que Rubalcaba también lo está.

Sin embargo, esta opinión del presidente contrasta con la de otros miembros del Gobierno y del partido cercanos al vicepresidente. Comentan al citado rotativo que empieza a estar preocupado de "verdad" por este asunto y a su vez temen que el caso Faisán termine explotando en la cara a todo el Ejecutivo.

Pero añaden, y ahí puede estar una de las claves de su no derogación, que este asunto "no tiene consecuencias penales. Se actuó bajo el paraguas de la autorización del Congreso para negociar con ETA durante el proceso de paz. Por tanto, no hay delito". Ahí es nada.