LD (Ángela Martialay) El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, confía en que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “examine la dimensión de lo ocurrido” en el caso Mari Luz. Sin embargo, el ministro no cree que está afirmación, unida a la que hizo el pasado domingo María Teresa Fernández de la Vega, quien señaló que espera "tres años de suspensión" para el juez Tirado, sean injerencias del poder político en la actividad de la Justicia.
Sino son injerencias, al menos sugerencias sí. Además, Bermejo ha declarado que cuando De la Vega “dice lo que dice” no emite una opinión de forma personal, en referencia al Ejecutivo. Así lo ha subrayado en rueda de prensa al presentar la partida presupuestaria de la Justicia.
Por otra parte, y respecto a la sanción recientemente impuesta a la secretaria judicial del caso Mari Luz, el ministro, que ha calificado la actuación de la funcionaria de “grave”, ha defendido que “este tipo de conducta tiene que ser sancionada de una forma dura”.
Bermejo contesta a Eguiguren
Bermejo ha reiterado que con la ruptura de su último alto el fuego, ETA "perdió una oportunidad histórica para encarrilar un proceso de paz" al tiempo que insistió en que "quien decide continuar con la violencia acaba en la cárcel". "Creo que el Gobierno lo ha dicho con toda claridad: hubo alguien que perdió una oportunidad histórica de encarrilar un proceso de paz y con esa misma claridad lo vuelvo a repetir hoy", aseguró el ministro tras ser preguntado por las declaraciones vertidas el pasado sábado por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, quien defendió el proceso de negociación con ETA porque, en su opinión, "mereció la pena" y recalcó que su formación no renuncia a lograr "un acuerdo intermedio" como solución, "si algún día fuera posible" con la banda.
Aumento del presupuesto
En 2009, el Ministerio que él encabeza dedicará 1619 millones de euros a modernizar las tecnologías empleadas en la administración de Justicia, crear 150 nuevas plazas judiciales y luchar contra la violencia de género, entre otros cometidos. Esta cifra supone un aumento del 9,9 por ciento respecto a 2008. Por ello, el ministro ha calificado el presupuesto de “adecuado”y “más que aceptable para los momentos delicados” que la economía padece. Desde la administración central se gestiona el 43 por ciento de lo que el Estado gasta en la Justicia, ya que el resto del os invertido lo gestionan las comunidades autónomas, pues las competencias están transferidas.
De estos 1619 millones con los que el Ministerio de Justicia contará en 2009, 1.279 millones se dedicarán al gasto de personal , mientras que 65 millones se emplearán en la modernización de las tecnologías y los servicios electrónicos, 45 millones en la lucha contra la violencia de género, 30 millones en los servicios de asistencia jurídica gratuita y 22,2 en la creación de 150 plazas de jueces y 75 de fiscales.