(Libertad Digital) Si algo ha marcado el carácter de los distintos Gobiernos del PSOE, es su intento de controlar los resortes del Estado de Derecho.
Poco después de tomar posesión, el ex ministro de Justicia López Aguilar fue sorprendido en un almuerzo secreto con el presidente del Tribunal Supremo intentando amarrar el nombramiento de magistrados afines al Gobierno socialista.
A continuación, vendría el intento fallido de modificar el sistema de toma de decisiones del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de neutralizar a la mayoría independiente del Gobierno socialista.
Durante todo el mandato, el Gobierno no ha cesado de atacar al Consejo del Poder Judicial por considerar que su correlación de fuerzas no es suficientemente complaciente con las decisiones del Ejecutivo en materias como la política anti-terrorista, la Ley Integral contra la Violencia de Género o la regulación del matrimonio.
Pero si los intentos de asaltar el Poder Judicial han fracasado, la toma de control del Ministerio Fiscal ha sido prácticamente plena.
Uno de los últimos resortes de independencia de esta institución clave del Estado de Derecho, su capacidad de influir en el nombramiento de fiscales de Sala –el más alto escalafón de la Carrera–, está a punto de caer.
El ministro de Justicia ha presentado este jueves en el Senado, por sorpresa, una enmienda al proyecto del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aprobado el pasado 9 de mayo por el Congreso.
El Gobierno pretende que los fiscales de Sala sean nombrados sin la facultad de veto del Consejo Fiscal, el órgano de representación democrática de la Carrera profesional. Hasta ahora, los ascensos se deciden a propuesta del Fiscal General del Estado, "conforme al informe del Consejo Fiscal", según establece el Estatuto vigente y mantiene el proyecto de reforma aprobado por el Congreso.
El ministro Fernández Bermejo ha introducido a última hora una enmienda en la que se sustituye la redacción: "conforme al informe del Consejo Fiscal" por "previo informe del Consejo Fiscal", un sutil cambio que abre la puerta a la plena discrecionalidad política de los ascensos.
El sueño de un control absoluto de la Fiscalía no es nuevo, para un Gobierno socialista. En 1994, el entonces fiscal general del Estado Eligio Hernández –cuyo nombramiento fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo–, intentó una reforma similar, que le diese al Fiscal General y, por lo tanto, al Gobierno, el dominio sobre los nombramientos en la Carrera fiscal.
La oposición del colectivo profesional, unida a la debilidad del Gobierno en la última etapa del Felipismo, forzaron a Hernández a desistir.