Bermejo dice que "extremará" la vigilancia de los partidos en connivencia con los ilegalizados pero se niega a actuar contra el PCTV
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso que ha "dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que en su función de representación del Gobierno, extreme la vigilancia del cumplimiento de los requisitos legales de toda formación política que pretenda presentarse a las elecciones y que tenga visos de connivencia o sucesión con partidos ilegalizados u organizaciones terroristas". Astarloa puso en duda estas intenciones tras criticar su negativa a ilegalizar al PCTV.
L D (Agencias) Fernández Bermejo, que presentó las líneas generales del Ministerio durante el resto de legislatura, destacó la labor desarrollada por la Abogacía del Estado, que se ha ampliado a todas las Comunidades Autónomas, al reestructurar su servicio para adaptarlo al modelo territorial autonómico vigente. El ministro subrayó la labor que a lo largo de esta legislatura "ha prestado y seguirá prestando la Abogacía del Estado para garantizar la máxima efectividad del operativo que se establece en cada convocatoria electoral, de manera coordinada con el Ministerio del Interior, así como el apoyo prestado en la lucha antiterrorista".
En este sentido, recordó que la Abogacía del Estado ha intervenido en los procesos seguidos en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo en "las decisiones adoptadas por el Gobierno en la ilegalización de los partidos políticos que hasta el momento han sucedido en la ilegalizada Batasuna". Y recordó que, como ya dijo en el Pleno del Congreso, ha dado instrucciones para que siga haciéndolo de cara a las próximas elecciones autonómicas.
No obstante, el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, aprovechó su intervención para criticar el ministro por "su negativa a promover la ilegalización del Partido Comunista de Tierras Vascas" (PCTV) y su actitud ante "la escandalosa excarcelación" de José Ignacio de Juana. En este sentido, Astarloa le pidió al ministro que recuerde al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que "los que hacen política son los políticos y no los fiscales" en relación con sus declaraciones en relación con las manifestaciones convocadas contra la política antiterrorista del Gobierno en la legislatura en la que ha habido menos víctimas de ETA. "De usted y del fiscal general" depende que Batasuna "no vuelva a campar a sus anchas en las instituciones", afirmó Astarloa. "Su papel no es enterrar los instrumentos legales, sino evitar que los terroristas destruyan nuestro estado de derecho", insistió.
El ministro respondió a estas acusaciones, recordando que otro diputado 'popular', Jaime Ignacio del Burgo, había dicho en otra comparecencia que cuando era fiscal de Sala de lo Contencioso Administrativo firmó un informe en el que decía que el ilegalizado Aukera Guztiak era una prolongación de Batasuna, con indicios semejantes a los que hay contra el PCTV, cuando él lo que ha hecho siempre ha sido "defender el Estado de Derecho y en momentos duros, aunque algunos no los vivieran así".
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