LD (Europa Press) El Gobierno insiste en la elección del ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres como representante español en el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU. La decisión es muy criticada por varios partidos de la oposición porque fue nombrado Fiscal General del Estado justo antes de que comenzara el juicio de los GAL y utilizó su cargo para defender al propio Gobierno. El ministro de Justicia, el también polémico fiscal Mariano Fernández Bermejo, destaca de Leopoldo Torres lo que considera "competencia" e "integridad moral".
La propuesta de nombrar a Leopoldo Torres, fiscal general del Estado con el Gobierno de Felipe González (1990-1992) y después defensor de altos cargos de aquel Ministerio del Interior, ya suscitó hace meses las protestas de ONG's como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y partidos políticos como el BNG e IU-ICV.
El pasado mes de enero, siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, el Gobierno ya defendió su propuesta como "idónea" y recalcó ante el BNG que Torres fue el "segundo candidato que más votos obtuvo" entre los Estados representados en ese Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
"El pasado no implica falta de independencia"
Es más, recalca que los diez miembros de este subcomité, con independencia de los cargos que hubieran desempeñado antes, deben declarar, antes de tomar posesión, que van a actuar a título personal, con independencia e imparcialidad. El Gobierno, que ha hecho de la crítica a Aznar parte fundamental de su discurso de Gobierno, dice ahora que no se debe mirar atrás: "Las funciones ejercidas con anterioridad no implican automáticamente una falta de independencia e imparcialidad", dice en su respuesta.
El Gobierno señala además que el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la tortura, ratificado por España en abril de 2006, también establecía que "los Estados partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención" de la tortura y "tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del mecanismo nacional de prevención tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales requeridos".