Pernando Barrena se encontraba este miércoles en el penal de Aranjuez tras haber sido trasladado desde la cárcel de El Dueso (Cantabria) debido a una reclamación de la Audiencia Nacional para practicar diligencias.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condicionó la salida de prisión del dirigente de la Mesa Nacional de Batasuna-ETA al depósito de una fianza de 50.000 euros y al cumplimiento de "la prohibición expresa" de no participar en los actos políticos que motivaron su encarcelamiento por su presunta integración en ETA.
Barrena se encuentra en prisión desde febrero de 2008 en el marco de la causa en la que el juez Baltasar Garzón investiga la reconstrucción de la nueva Mesa Nacional de Batasuna y la subordinación a la organización terrorista del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV).
A pesar de que la Fiscalía pidió la prórroga de la prisión preventiva, el tribunal integrado por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada (ponente) y Julio de Diego acordó hoy en un auto que el procesado podrá eludir esta situación bajo la "la prohibición expresa de llevar los mismos o similares actos que han determinado su procesamiento".
En concreto, Barrena no podrá tomar parte en "reuniones, manifestaciones, actos públicos o formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares" a aquellas que motivaron su "imputación criminal".
Tras advertir de que el incumplimiento de estas condiciones provocará su "retorno a la situación de prisión provisional", el auto justifica el procedimiento contra el ex dirigente de Batasuna porque intentó "intervenir en la vida política pública utilizando no sólo de forma abusiva e ilegítima los cauces que establece el sistema constitucional de participación política a través de partidos políticos, sino criminal, por estar dirigido y servir directamente a los fines de la indicada organización terrorista".
Una segunda fianza
No obstante, el tribunal recordó que Barrena tiene una segunda fianza de 200.000 euros "complementaria". Se trata, en concreto, de la que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el 16 de marzo de 2006 como presunto inductor de 108 actos violentos que se produjeron durante una jornada de huelga convocada el día 8 de ese mes.
La decisión de la Sala se produjo después de que el fiscal Vicente González Mota solicitara el pasado 21 de enero la prórroga de prisión para Pernando Barrena, Karmelo Landa y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale: José Manuel Jurado Torvisco, Mikel Garaiondo Bastida, Eusebio Lasa Altuna, Mikel Etxaburu Osa, Nuria Alzugaray García, Aitor Aranzabal Altuna y Joseba Zinkunegi Garmedia.
González Mota justificó su petición argumentando que todos los sumarios están concluidos y remitidos a la Sala de lo Penal para que los dos macrojuicios puedan celebrarse y que los procesados deben seguir en prisión hasta entonces para evitar que vuelvan a cometer actos delictivos.