L D (Europa Press) El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián citó este viernes a declarar a Elorza como imputado por un presunto delito de desobediencia, tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias por no colocar la bandera española en el Ayuntamiento.
Elorza recibió el apoyo de destacados dirigentes socialistas de Guipúzcoa como el senador Alberto Buen, el juntero José Morcillo y la ex alcaldesa de Pasajes Izaskun Gómez. Ante las puertas del Palacio de Justicia donostiarra, Odón Elorza, a quien Manos Limpias le acusa de un delito de desobediencia, ha explicado a los periodistas que en su comparecencia ante la juez ha negado "todas las acusaciones" y ha asegurado que "confía en la Justicia".
Precisamente, este viernes se votó en el Parlamento vasco una moción sobre la izada de la enseña nacional en los edificios de las instituciones públicas vascas. La misma, presentada y defendida por el diputado popular Carlos Urquijo, fue rechazada por el bloque nacionalista. En la votación, el PSE se ha abstenido pese a que en 2001 –según ha recordado Carlos Urquijo– votó a favor de una moción similar, que fue aprobada entonces gracias a la votación en bloque de los grupos parlamentarios de PP, PSE y Unidad Alavesa.
Sobre estos hechos, Azkuna que dijo no tener constancia "ni noticia" sobre la posibilidad de que que él también pueda ser imputado, después de que también Manos Limpias le denunciara por la misma razón. Además, dijo que el tema de las banderas debe ser "un asunto de prudencia política porque no es lo mismo poner la bandera en Madrid que en San Sebastián, Andoain o Bilbao".
Las palabras del alcalde peneuvista de la capital vizcaína llegaron minutos después de que su consistorio aprobase un texto que solicita el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa en la abierta en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el lehendakari Ibarretxe y diversos representantes del Partido Socialista y de Batasuna-ETA, por las reuniones mantenidas en los meses de abril y junio de 2006 y enero de 2007.
El texto asegura que "estas reuniones se realizaban con la intención de hacer factible la paz y la normalización", por lo que pide el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa. La propuesta contó con el apoyo de PNV, EA e IU, el voto en contra del PP y la abstención del PSE.