L D (EFE) Este viernes, el PP planteó un ruego para que se adelantaran los trámites aprovechando la reunión de la Junta de Portavoces, en la que el PSE también demandó que el Parlamento Vasco acometa "cuanto antes" la disolución del grupo de Socialistas Abertzales. Tras la Junta, en los pasillos de la Cámara, Atutxa explicó que el Parlamento Vasco sólo ha recibido el fallo de marzo del Tribunal Supremo, en el que se ordenaba la ilegalización de Batasuna, que es el documento que se tratará en la reunión de la Mesa del próximo 7 de mayo. En cambio, no cuenta todavía con el auto en el que el Supremo hace referencia a la disolución de los grupos de la antigua Batasuna en las instituciones, ni con la providencia en la que el Alto Tribunal pide al Parlamento Vasco que detalle si los parlamentarios de Socialistas Abertzales son los mismos que integraban los grupos de Batasuna y de Euskal Herritarrok.
Atutxa aseguró que "nosotros no tomamos decisiones preventivas a este respecto, sino que esperamos a que haya una comunicación oficial y, en su momento, actuaremos". "Somos suficientemente responsables para que cuando se recibiese una providencia o cualquier otro documento de carácter oficial, darle el tratamiento pertinente, riguroso y acelerado, en algunos casos, para que el retraso en su tratamiento no perjudicara los derechos ni individuales ni colectivos de la sociedad vasca", afirmó. Atutxa también comentó que, como "documentos más oficiales", sólo ha podido llevar a la Junta de Portavoces "dos recortes de periódico" en los que, según dijo, "primero se dice que el Supremo ordena la disolución de los grupos de Batasuna y, en el del día siguiente se dice que el Tribunal Supremo no ha aclarado nada respecto a Socialistas Abertzales".
Por todo ello, consideró que el ruego de adelanto del calendario realizado por el PP se ha presentado "sin un sólo argumento", con el único sentido de "tratar de disimular tanta verborrea que hemos oído a los portavoces del PP vasco y, todavía más sonoramente y más desacertadamente si cabe, por parte de algún que otro ministro del Gobierno español", afirmó. "Nada de rigor, nada de seriedad y nada de respeto a la separación de poderes, a la capacidad auto organizativa de este Parlamento, sino todo ruido y pretensión de saltarse a la torera la legalidad vigente de nuestro Reglamento, en aras a obtener una renta electoral", criticó Atutxa.
Por su parte, Carlos Urquijo (PP) acusó a Atutxa y a los partidos que apoyan al Gobierno Vasco de "preferir defender a un grupo al servicio de una banda terrorista, que estar junto a los demócratas", por "estar instalados en la obstrucción y en la desobediencia permanente al poder judicial". Desde el PSE, su portavoz, Rodolfo Ares, reclamó que la Cámara Vasca "colabore al máximo y con la máxima agilidad con el Tribunal Supremo", para que "esta cuestión se resuelva lo antes posible, de la única forma que debe hacerse: disolviendo el grupo de Socialistas Abertzales en este Parlamento y en otras instituciones".
El portavoz de EA, Rafael Larreina, opinó que "estamos ante un conflicto de jurisdicción evidente" porque "el Tribunal Supremo se ha excedido en sus competencias" y advirtió de que su grupo utilizará "todos los medios democráticos" a su alcance "para defender el fuero parlamentario". Kontxi Bilbao (IU-EB) precisó que "no estamos dando cobertura a ningún grupo terrorista" y reiteró que su formación analiza plantear un conflicto de jurisdicción contra la orden del Supremo.
Atutxa aseguró que "nosotros no tomamos decisiones preventivas a este respecto, sino que esperamos a que haya una comunicación oficial y, en su momento, actuaremos". "Somos suficientemente responsables para que cuando se recibiese una providencia o cualquier otro documento de carácter oficial, darle el tratamiento pertinente, riguroso y acelerado, en algunos casos, para que el retraso en su tratamiento no perjudicara los derechos ni individuales ni colectivos de la sociedad vasca", afirmó. Atutxa también comentó que, como "documentos más oficiales", sólo ha podido llevar a la Junta de Portavoces "dos recortes de periódico" en los que, según dijo, "primero se dice que el Supremo ordena la disolución de los grupos de Batasuna y, en el del día siguiente se dice que el Tribunal Supremo no ha aclarado nada respecto a Socialistas Abertzales".
Por todo ello, consideró que el ruego de adelanto del calendario realizado por el PP se ha presentado "sin un sólo argumento", con el único sentido de "tratar de disimular tanta verborrea que hemos oído a los portavoces del PP vasco y, todavía más sonoramente y más desacertadamente si cabe, por parte de algún que otro ministro del Gobierno español", afirmó. "Nada de rigor, nada de seriedad y nada de respeto a la separación de poderes, a la capacidad auto organizativa de este Parlamento, sino todo ruido y pretensión de saltarse a la torera la legalidad vigente de nuestro Reglamento, en aras a obtener una renta electoral", criticó Atutxa.
Por su parte, Carlos Urquijo (PP) acusó a Atutxa y a los partidos que apoyan al Gobierno Vasco de "preferir defender a un grupo al servicio de una banda terrorista, que estar junto a los demócratas", por "estar instalados en la obstrucción y en la desobediencia permanente al poder judicial". Desde el PSE, su portavoz, Rodolfo Ares, reclamó que la Cámara Vasca "colabore al máximo y con la máxima agilidad con el Tribunal Supremo", para que "esta cuestión se resuelva lo antes posible, de la única forma que debe hacerse: disolviendo el grupo de Socialistas Abertzales en este Parlamento y en otras instituciones".
El portavoz de EA, Rafael Larreina, opinó que "estamos ante un conflicto de jurisdicción evidente" porque "el Tribunal Supremo se ha excedido en sus competencias" y advirtió de que su grupo utilizará "todos los medios democráticos" a su alcance "para defender el fuero parlamentario". Kontxi Bilbao (IU-EB) precisó que "no estamos dando cobertura a ningún grupo terrorista" y reiteró que su formación analiza plantear un conflicto de jurisdicción contra la orden del Supremo.