Surgen nuevas pruebas que apuntan a que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía es tan sólo la punta del iceberg. En la actualidad, la cifra de ERE investigados por la Justicia supera el centenar, según las últimas estimaciones del PP andaluz, frente al listado inicial de 39 empresas implicadas, a través de las aseguradoras intermediarias Vitalia y Uniter.
El proceso judicial se centra en los expedientes que contienen irregularidades. La cuestión, sin embargo, es que la Junta también aprobó ERE que, si bien son legales, incurrieron en presuntas irregularidades durante su tramitación, sin que ello haya tenido consecuencias judiciales a día de hoy. Éste el caso, por ejemplo, de la base militar de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo ERE resulta paradigmático en cuanto a la actitud mostrada por la Consejería de Empleo andaluza.
El caso de Morón
La empresa Vinnell-Brown and Root, que opera en la base militar estadounidense de Morón, solicitó el pasado octubre a la Junta la tramitación de un expediente de regulación de empleo para despedir a 286 trabajadores de los 594 que componían la plantilla, con el acuerdo expreso de los sindicatos UGT y CCOO.
Sin embargo, el sindicato USO se opuso a dicho ERE por considerar "desproporcionado el número de despidos y la manera arbitraria de elegir a los afectados". Finalmente, tras mediar una nueva ronda de negociaciones en el seno de la empresa, la cifra se redujo a 150 despidos, con el visto bueno de UGT y CCOO.
USO volvió a rechazar el acuerdo tras observar que seguía existiendo un "criterio de amiguismo a la hora de elegir a los despedidos". Ante las dudas suscitadas, dicho sindicato solicitó una copia de los nombres y apellidos de los 150 afectados por el ERE, justo antes de que éste fuera aprobado definitivamente por la delegada provincial de Empleo, Aurora Cosano.
¡Sorpresa! Tras cotejar los nombres del listado, y sin apenas tiempo ni medios, USO detectó "al menos ocho casos de antiguos empleados de la Base que no estaban en la empresa a esa fecha. Eran parados, jubilados, pensionistas por invalidez, etc.", señala el sindicato a Libertad Digital.
"Lo pusimos en conocimiento de la Delegación de Empleo por escrito, que se alarmó, ya que no había detectado absolutamente nada. La Delegación, asustada, suspendió unos días el plazo para resolver [el ERE] y le reenvió el listado a la Inspección de Trabajo, que tampoco había detectado nada en una primera revisión de la lista porque ni siquiera se tomó la molestia de comprobarla". Sólo entonces, tras la denuncia de USO, comenzaron a funcionar los debidos filtros de la Junta.
La Inspección de Trabajo volvió a revisar el listado inicial de 150 afectados por el ERE, detectando entonces hasta un total de 31 personas que no debían aparecer en la lista por tratarse de antiguos empleados de la Base sin contrato activo en el momento del ERE. De hecho, tras apreciar un acuerdo fraudulento entre la empresa y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), la Inspección recomendó a la Consejería de Empleo que denunciara el caso ante la Justicia.
En concreto, según la resolución oficial del ERE a la que ha tenido accedo Libertad Digital, la Inspección de Trabajo señaló lo siguiente en su informe:
[...] examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastados con las altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social, se ha detectado que un total de 31 empleados causaron baja en la Empresa con anterioridad al acuerdo suscrito por ésta con la mayoría del Comité en fecha 23-11-2010 [...]
[...] Dicha irregularidad, al juicio del que suscribe, vicia el contenido del acuerdo y constituye un indicio racional de fraude cuya valoración correspondería a la autoridad laboral a efectos de su remisión a los órganos judiciales apara recabar su nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 51.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [...]
¿Qué hizo la Junta ante tal escándalo? Pues, simplemente, contentarse con borrar a los 31 despidos fraudulentos y dar el visto bueno a los 119 restantes. Y es que, después de que la Inspección detectara tales irregularidades, la empresa, CCOO y UGT acordaron excluir del listado inicial del ERE a los 31 casos fraudulentos, de modo que finalmente el número de afectados se redujo a 119.
La Delegación Provincial de Empleo dictaminó que "han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto a lo largo del procedimiento sin que quepa apreciar, en este momento, la existencia de vicios invalidantes en la conclusión del Acuerdo". De este modo, la Junta no solo no denunció el caso ante la Justicia, tal y como sugirió la Inspección de Trabajo, sino que, además, no detectó en su resolución final ningún intento de fraude por parte de los grandes sindicatos, haciendo así la vista gorda.
En resumen, fue el sindicato USO el que destapó la liebre de los despidos fraudulentos en el ERE de la Base de Morón, después de que tanto la Inspección de Trabajo como la misma Consejería de Empleo no observaran ninguna deficiencia en su primera revisión.
Lo relevante, sin embargo, es que, tras descubrirse el pastel, la delegada de Empleo se conformó con borrar del listado a los 31 despidos fraudulentos acordados inicialmente por UGT y CCOO para aprobar finalmente el ERE de 119 trabajadores. Es decir, si cuela, cuela, y aquí paz y después gloria. Así, la delegada provincial de Empleo, Aurora Cosano, resolvió el pasado 9 de diciembre lo siguiente:
En el presente supuesto concurren las circunstancias de orden organizativo, técnico y productivo que contempla el art. 51 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, no apreciándose en el definitivo escrito de conformidad suscrito el 1 de diciembre de 2010 por la mayoría de los componentes del comité de empresa, la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, ni estimación de que el referido acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de prestaciones por desempleo por parte de los mismos [...]
Y, por ello, acordó "autorizar [...] la extinción de 119 contratos laborales a partir del 17 de diciembre de 2010, en base a los acuerdos alcanzados entre la empresa y la mayoría de los componentes del comité de empresa [...].
Revuelo político
Sin embargo, el caso sí ha levantado cierto revuelo político a nivel local. Y es que, altos cargos del PSOE del municipio de Alcalá de Guadaíra están implicados en el ERE de la base de Morón.
Un relevante número de socialistas destacados de Alcalá se han beneficiado del ERE. El más destacado es el segundo teniente de alcalde y vicesecretario general del municipio, Francisco García Jiménez, que dejó oficialmente la dedicación exclusiva en el Consistorio el pasado 13 de septiembre -según consta en acta plenaria- para volver a aparecer por la base, en la que había trabajado, y así incorporarse al ERE rubricado varios meses después.
Según el grupo municipal del PP, gracias a esta argucia, García Jiménez cobró más de 100.000 euros, después de haber estado percibiendo del Ayuntamiento 53.375,84 euros al año desde junio de 2007.