L D (EFE) EL 6 de julio de 1979 fue nombrado general inspector del Cuerpo de la Policía Nacional (CPN) y el 1 de febrero de 1980, delegado especial del Gobierno para el País Vasco, donde se encargó de la dirección de la lucha antiterrorista. Cesó en este último cargo el 17 de octubre del mismo año, permaneciendo en su puesto de general inspector del CPN. Al frente de la Policía Nacional, jugó un importante papel en el intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981, cuando ordenó a la policía rodear el Congreso de los Diputados.
Su declaración posterior como testigo durante el juicio motivó el enfrentamiento con el teniente general Milans del Bosch, cuando hizo el símil del intento golpista con un secuestro de un avión, lo que motivó la frase “me da asco, me voy”, de Milans.
Como general inspector del CPN cambió la imagen de la policía, creó el Grupo Especial de Operaciones (GEO), los servicios de artificieros y la Academia para mandos de la Policía Nacional. Desde la cúpula del Ejército, siempre realizó declaraciones en favor de la democracia, la alternancia en el Gobierno, la lealtad del Ejército al Ejecutivo de la Nación, así como al Rey Juan Carlos, sobre todo durante una etapa tras el 23-F, cuando se le intentó involucrar al monarca en la trama golpista.
El 2 de noviembre de 1983, un año después de la llegada de los socialistas al Gobierno, fue nombrado por el Consejo de Ministros director general de la Guardia Civil, donde sustituyó al general Aramburu Topete, y el 13 de noviembre de 1984 pasó a la reserva activa (situación B), pese a lo cual se mantuvo al frente de la Benemérita, a diferencia de los que habían sucedido a sus antecesores en el puesto.
Contrario a la negociación con ETA, era partidario de las medidas políticas y policiales para aislar al terrorismo. Estando al frente de la Guardia Civil manifestó que el GAL era un problema del Gobierno francés, a la vez que afirmaba que ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaba implicado en los hechos.
En varias ocasiones solicitó el relevo al frente de la Guardia Civil, extremo éste que se produjo el 31 de octubre de 1986, cuando le sustituyó Luis Roldán, primer civil que llegaba al puesto. Días después de su salida de la Guardia Civil, el 5 de noviembre, la policía se incautaba de numerosa documentación de ETA en la cooperativa Sokoa.
Poco tiempo después, a comienzos de diciembre de 1986, el ministro del Interior, José Barrionuevo, lo nombró asesor de su departamento en materia relacionada con la seguridad del Estado. Continuó relacionado con este Ministerio en la etapa del secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera (86-94) y con la secretaria de Estado de Interior Margarita Robles (94-96).
En febrero de 1995 el teniente general realizó declaraciones a diversos medios de comunicación sobre la guerra sucia contra ETA, en las que decía que creer que no existía relación entre el Ministerio y el GAL, a la vez que criticaba la postura mantenida por el Partido Popular sobre el tema, lo que le valió duras críticas desde los partidos de la oposición. A propuesta del PP, en noviembre de 1995 fue citado para que declarara ante la comisión del Senado que estudiaba el GAL, pero finalmente ésta fue disuelta por el propio PP sin que se produjera la comparecencia. La polémica sobre la disolución de ésta siguió hasta comienzos de 1996.
El 7 de mayo de 1996 el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruía el sumario Oñaederra (primeros asesinatos de los GAL entre 1983 y 1984), lo inculpó junto a los generales Rodríguez Galindo y Cassinello. Recurrió la imputación y el 20 de mayo prestó declaración ante el magistrado, quien lo dejó en libertad sin fianza.
Su declaración posterior como testigo durante el juicio motivó el enfrentamiento con el teniente general Milans del Bosch, cuando hizo el símil del intento golpista con un secuestro de un avión, lo que motivó la frase “me da asco, me voy”, de Milans.
Como general inspector del CPN cambió la imagen de la policía, creó el Grupo Especial de Operaciones (GEO), los servicios de artificieros y la Academia para mandos de la Policía Nacional. Desde la cúpula del Ejército, siempre realizó declaraciones en favor de la democracia, la alternancia en el Gobierno, la lealtad del Ejército al Ejecutivo de la Nación, así como al Rey Juan Carlos, sobre todo durante una etapa tras el 23-F, cuando se le intentó involucrar al monarca en la trama golpista.
El 2 de noviembre de 1983, un año después de la llegada de los socialistas al Gobierno, fue nombrado por el Consejo de Ministros director general de la Guardia Civil, donde sustituyó al general Aramburu Topete, y el 13 de noviembre de 1984 pasó a la reserva activa (situación B), pese a lo cual se mantuvo al frente de la Benemérita, a diferencia de los que habían sucedido a sus antecesores en el puesto.
Contrario a la negociación con ETA, era partidario de las medidas políticas y policiales para aislar al terrorismo. Estando al frente de la Guardia Civil manifestó que el GAL era un problema del Gobierno francés, a la vez que afirmaba que ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaba implicado en los hechos.
En varias ocasiones solicitó el relevo al frente de la Guardia Civil, extremo éste que se produjo el 31 de octubre de 1986, cuando le sustituyó Luis Roldán, primer civil que llegaba al puesto. Días después de su salida de la Guardia Civil, el 5 de noviembre, la policía se incautaba de numerosa documentación de ETA en la cooperativa Sokoa.
Poco tiempo después, a comienzos de diciembre de 1986, el ministro del Interior, José Barrionuevo, lo nombró asesor de su departamento en materia relacionada con la seguridad del Estado. Continuó relacionado con este Ministerio en la etapa del secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera (86-94) y con la secretaria de Estado de Interior Margarita Robles (94-96).
En febrero de 1995 el teniente general realizó declaraciones a diversos medios de comunicación sobre la guerra sucia contra ETA, en las que decía que creer que no existía relación entre el Ministerio y el GAL, a la vez que criticaba la postura mantenida por el Partido Popular sobre el tema, lo que le valió duras críticas desde los partidos de la oposición. A propuesta del PP, en noviembre de 1995 fue citado para que declarara ante la comisión del Senado que estudiaba el GAL, pero finalmente ésta fue disuelta por el propio PP sin que se produjera la comparecencia. La polémica sobre la disolución de ésta siguió hasta comienzos de 1996.
El 7 de mayo de 1996 el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruía el sumario Oñaederra (primeros asesinatos de los GAL entre 1983 y 1984), lo inculpó junto a los generales Rodríguez Galindo y Cassinello. Recurrió la imputación y el 20 de mayo prestó declaración ante el magistrado, quien lo dejó en libertad sin fianza.