Arenas llevará a los tribunales la negativa de Griñán a sancionar a Chaves

Con este anuncio, se vuelve a la primitiva estrategia diseñada en el PP andaluz, a la vista de otra imposible comisión de investigación rechazada nuevamente por el PSOE, y que hace la número 101 de las comisiones de investigación abortadas por las negativas del PSOE desde 1996. La estrategia consistía en denunciar los hechos de la subvención a la empresa apoderada por Paula Chaves a la Junta y, presumiendo que esta no se atrevería a sancionar a Manuel Chaves por incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, alzar la denuncia a los tribunales contenciosos-administrativos en los que una resolución favorable implicaría, necesariamente, abordar el asunto por la vía penal.

Ésta fue la estrategia desbaratada por la intromisión de Génova en el procedimiento presentando una querella criminal contra Manuel Chaves y su hija por diversos delitos. A pesar de haber sido modificada, la querella ante el Supremo puede paralizar, casi con toda seguridad, el procedimiento contencioso-administrativo que se va a comenzar ahora.

Salvo para el presidente Griñán y su consejo de Gobierno, pocas personas pueden estar de acuerdo en el que el comportamiento de Manuel Chaves no transgreda el artículo de la Ley de Incompatibilidades que dice:

"Artículo 7. Inhibición y abstención.

1. Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil. "

Al menos, aparentemente, Manuel Chaves  ha incurrido en la infracción prevista en este articulo 7 de la Ley 3/2005, de 8 de Abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, porque no se inhibió de conocer de este asunto, al presidir el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009, que aprobó el mencionado incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.

El referido artículo 7 exige la concurrencia de cuatro elementos necesarios para que se produzca una situación de incompatibilidad: dos de carácter subjetivo - una persona que ocupe un alto cargo de la Junta de Andalucía, por un lado, y por otro, una persona que sea director, asesor o administrador de una empresa, entidad o sociedad; y dos de carácter objetivo, a saber, que entre ambas personas se dé la relación de parentesco que el precepto señala – familiar dentro del segundo grado civil- y que el alto cargo haya conocido del asunto que afecte a la empresa. Además, los cuatro elementos han de coincidir en el tiempo.

Pues bien, don Manuel Chaves González ha sido alto cargo de la Junta de Andalucía. Paula Chaves Iborra en las fechas referidas, era apoderada de la entidad a la que se concedía la subvención. De la relación de parentesco, no cabe duda, y tampoco existe duda que don Manuel Chaves González haya conocido de la subvención concedida a la empresa apoderada y representada por su hija. Además, todos los elementos necesarios coinciden en el tiempo.

La claridad de esta transgresión puede dar origen a una resolución contraria a Chaves en los tribunales de lo contencioso-administrativo y ser el origen, posteriormente, de retomar la vía penal.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que su partido acudirá ante los tribunales de lo contencioso-administrativo para denunciar la negativa del Gobierno andaluz a abrir expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, pese a que éste no se inhibió en la aprobación del incentivo de casi 10,1 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), una empresa en la que su propia hija figura como apoderada. Para Arenas está claro que existió "una incompatibilidad como una catedral de grande"

Añadió que "no comparte la decisión del Gobierno andaluz ni jurídica ni políticamente» y que esto demuestra que «las leyes valen para algunos y no para otros, o son distintas para uno y para otro