L D (Europa Press) El escrito de acusación hecho público este viernes, a pesar de la petición de 7 años de cárcel y 16, de inhabilitación absoluta para Rafael Vera, explica que en el caso de dictarse sentencia condenatoria contra él podría entenderse abarcada en las condenas que ya le han sido impuestas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el secuestro de Segundo Marey y el "caso Fondos Reservados". Precisamente este viernes la Audiencia de Madrid denegó su progresión a tercer grado, por la condena de 7 años que cumple en la cárcel de Segovia por este último procedimiento.
El acusado Juan de Justo se enfrenta a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, mientras que los compañeros de banquillo de Justo, Machín y Hernando se enfrentan a 2 años de cárcel y 5 de inhabilitación, como cómplices de un delito continuado de malversación de caudales públicos del que son autores Vera y De Justo. Estos últimos deberán indemnizar al Estado, según la petición fiscal, con alrededor de 1,8 millones de euros y subsidiariamente en la parte que le corresponda a Machín y Hernando.
Por otro lado Michel Domínguez y su esposa, Alicia Sánchez Carrión, deberán pagar al Estado 737.441,86 euros por el dinero recibido, y José Amedo y su esposa, María Angeles Acedo, con 677.340,65 euros.
Pagó a sus esposas para compensar su ingreso en prisión
El fiscal explica que Vera fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 24 de octubre de 1986 y "a raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez, el 13 de julio de 1988, por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL", tras entrevistarse con las esposas de ambos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".
"Asimismo, el pago de estas cantidades tenía como objeto garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado", señala el fiscal.
A pesar de que Vera sabía "que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos", le encargó a Juan de Justo que hiciese pagos mensuales a las esposas de los ex policías, a lo que el jefe de la Secretaría accedió "con idéntico conocimiento de la improcedencia de los pagos". Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó como director de la Seguridad del Estado, De Justo les entregó "sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado". En total ambas recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.
Operaciones en la Clínica Ruber y cuentas en Suiza
El fiscal señala que Vera, también con el dinero de los fondos reservados, ordenó al acusado Juan de Justo pagar el coste de dos intervenciones quirúrgicas efectuadas en la Clínica Ruber Internacional de Madrid a las mujeres de Amedo (603.000 pesetas) y Domínguez (300.000 pesetas). Además de estas cantidades, Vera hizo llegar a los dos ex policías un total de 200 millones de pesetas (1.202.024 euros). Para ello, De Justo indicó a María Angeles Acedo y Alicia Sánchez que abrieran sendas cuentas corrientes en Suiza, en las que se efectuarían los ingresos.
Las mujeres de Amedo y Domínguez se trasladaron a Ginebra y el 15 de septiembre de 1989 abrieron dos cuentas en una sucursal de la UBS (Union de Banques Suisses), en las que figuraban sus maridos como personas autorizadas para disponer del dinero. El primer ingreso, siempre por orden de Vera y De Justo, se realizó el 31 de octubre de ese año: en cada una de las dos cuentas se abonaron 13 millones de pesetas y 100 dólares. El 30 de enero de 1990 se ingresaron 25 millones de pesetas en cada una; el 25 de septiembre de 1990 se abonaron 30 millones de pesetas en la cuenta de la mujer de Amedo y 20 millones de pesetas en la de la esposa de Domínguez; el 4 de febrero de 1991, se hizo un último ingreso de 25 millones de pesetas en cada uno de los depósitos bancarios.
En las tres primeras ocasiones, es decir, en los ingresos de 1989 y los dos de 1990, se trasladaron a Ginebra para realizar los pagos los acusados Hernando y Machín. Según el fiscal, ambos transportaron el dinero en maletines y se encargaron de acompañar a Alicia Sánchez y María Angeles Acedo a la oficina de la UBS, donde, estando presentes las cuatro personas, se efectuó el ingreso de las cantidades en efectivo en ocasiones directamente y en otras después de transformar el dinero en ECU's o en francos suizos.
El escrito del fiscal indica que en el cuarto y último viaje, Juan de Justo y el entonces secretario personal del director general de la Guardia Civil, Rafael Yuste Martínez se desplazaron personalmente a Ginebra, aunque el segundo "desconocía el verdadero objeto del viaje". El dinero transportado en aquellos viajes había sido retirado previamente, en efectivo o a través de cheques, de la cuenta de fondos reservados del Ministerio de Interior abierta en el Banco de España. Los gastos generados por los viajes a Ginebra, tanto los billetes de avión como los alojamientos, fueron también sufragados con cargo a la citada cuenta de los fondos reservados.