L D (EFE) La querella se basa en los hechos relatados en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y de las sociedades mercantiles participadas por éste, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 1 de febrero de 2001 que abarca un periodo de diez años, de 1991 a 2001, y que refleja una deuda de 15.234.437.427 pesetas con la Seguridad Social.
Según Anticorrupción, los hechos son constitutivos de los delitos continuados de prevaricación, malversación, contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública, y la investigación corresponde a la Audiencia Nacional dada la "extraordinaria magnitud económica, tanto respecto de los caudales públicos cuyo destino no está justificado como de los debidos a la Seguridad Social".
Entre los querellados, además de Gil, están el actual alcalde de Marbella, Julián Muñoz; el ex primer teniente de alcalde de la localidad, Pedro Román; el ex presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Antonio Sampietro; el ex asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra; o el ex jugador del Atlético de Madrid Tomás Reñones.
Anticorrupción afirma en su escrito que "los querellados, gracias al control que les permitía una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella (...), gestionaron los recursos municipales al margen de las normas legales, con la finalidad de sustraer a cualquier control los fondos públicos que administraban, y utilizar parte de ellos en beneficio propio y detrimento del Consistorio".
Los hechos "eran realizados por los querellados, unas veces actuando como miembros de la Comisión de Gobierno, integrada exclusivamente por concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), y otras veces participaba el Pleno del Ayuntamiento, materializándose con los votos de los concejales del mismo grupo", ya que la oposición se abstenía o votaba en contra. La querella relata que, "con la finalidad de ocultar la situación real del Ayuntamiento", se realizaron manipulaciones contables para maquillar el saldo negativo de tesorería y el desequilibrio financiero en que se encontraba el consistorio.
Esa manipulación también se realizaba en la contabilidad de las sociedades municipales, que "realizaban un asiento a fin de ejercicio para presentar la cuenta de pérdidas y ganancias equilibradas, y lo hacían reflejando una transferencia pendiente de recibirse del Ayuntamiento igual al importe de las pérdidas en el ejercicio de la sociedad".
En la contabilidad municipal, sin embargo, "no figuran dichas obligaciones", según Anticorrupción, que añade que "los querellados, desde los cargos municipales, gestionaron la contratación del Ayuntamiento sin sujeción al ordenamiento jurídico". "Con el sistema diseñado por ellos, o se estaba en connivencia con la formación política de Jesús Gil o no se podía concurrir a la contratación con el Ayuntamiento", asegura el escrito.
La Fiscalía explica que, en lugar de sacar a concurso la contratación de obras o servicios, "se actuaba por la vía de facto generando una deuda o reconociendo obligaciones, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente previsto".
El escrito dice también que los querellados "enajenaron bienes municipales" y que "consta indiciariamente acreditado el enriquecimiento de determinados concejales mediante la apropiación de fondos municipales por servicios inexistentes o ficticios", ya que se expidieron mandamientos de pago a favor de varios ediles "sin que éstos justificaran el empleo de fondos públicos".
Entre los pagos no justificados figuran subvenciones a entidades deportivas, gastos de viaje y alojamiento, la contratación de la compañía de Zarzuela de Madrid "para la puesta en escena de la Antología de la Zarzuela", la compra de un autobús o la edición de un libro de memorias de "Hacienda de Toros". Otro de los hechos reflejados en la querella se refiere a la constitución de "un entramado societario con la finalidad de manejar los fondos públicos sin el 'corsé' de la legalidad administrativa y poder utilizarlos conforme a sus intereses, coincidieran o no con la gestión pública municipal y utilizando parte de ellos en su interés propio".
Las sociedades, 19 en total, "se constituían al margen del procedimiento previsto, y su actuación no estaba controlada por el Pleno, celebrándose las Juntas de las mismas exclusivamente por el Alcalde accidental y el secretario de la sociedad", y fue a través de ellas como se llevó a cabo "el vaciamiento patrimonial de los fondos municipales". En el informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas puso de manifiesto la existencia de una deuda con la Seguridad Social de 15.234.437.427 pesetas (de las que 9.712.118.195 pesetas corresponden al Ayuntamiento y el resto a sociedades municipales) generada entre 1991 y 2001, periodo en el que no se realizó "ninguna aportación" por parte de los obligados a ello.
Según Anticorrupción, los hechos son constitutivos de los delitos continuados de prevaricación, malversación, contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública, y la investigación corresponde a la Audiencia Nacional dada la "extraordinaria magnitud económica, tanto respecto de los caudales públicos cuyo destino no está justificado como de los debidos a la Seguridad Social".
Entre los querellados, además de Gil, están el actual alcalde de Marbella, Julián Muñoz; el ex primer teniente de alcalde de la localidad, Pedro Román; el ex presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Antonio Sampietro; el ex asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra; o el ex jugador del Atlético de Madrid Tomás Reñones.
Anticorrupción afirma en su escrito que "los querellados, gracias al control que les permitía una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella (...), gestionaron los recursos municipales al margen de las normas legales, con la finalidad de sustraer a cualquier control los fondos públicos que administraban, y utilizar parte de ellos en beneficio propio y detrimento del Consistorio".
Los hechos "eran realizados por los querellados, unas veces actuando como miembros de la Comisión de Gobierno, integrada exclusivamente por concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), y otras veces participaba el Pleno del Ayuntamiento, materializándose con los votos de los concejales del mismo grupo", ya que la oposición se abstenía o votaba en contra. La querella relata que, "con la finalidad de ocultar la situación real del Ayuntamiento", se realizaron manipulaciones contables para maquillar el saldo negativo de tesorería y el desequilibrio financiero en que se encontraba el consistorio.
Esa manipulación también se realizaba en la contabilidad de las sociedades municipales, que "realizaban un asiento a fin de ejercicio para presentar la cuenta de pérdidas y ganancias equilibradas, y lo hacían reflejando una transferencia pendiente de recibirse del Ayuntamiento igual al importe de las pérdidas en el ejercicio de la sociedad".
En la contabilidad municipal, sin embargo, "no figuran dichas obligaciones", según Anticorrupción, que añade que "los querellados, desde los cargos municipales, gestionaron la contratación del Ayuntamiento sin sujeción al ordenamiento jurídico". "Con el sistema diseñado por ellos, o se estaba en connivencia con la formación política de Jesús Gil o no se podía concurrir a la contratación con el Ayuntamiento", asegura el escrito.
La Fiscalía explica que, en lugar de sacar a concurso la contratación de obras o servicios, "se actuaba por la vía de facto generando una deuda o reconociendo obligaciones, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente previsto".
El escrito dice también que los querellados "enajenaron bienes municipales" y que "consta indiciariamente acreditado el enriquecimiento de determinados concejales mediante la apropiación de fondos municipales por servicios inexistentes o ficticios", ya que se expidieron mandamientos de pago a favor de varios ediles "sin que éstos justificaran el empleo de fondos públicos".
Entre los pagos no justificados figuran subvenciones a entidades deportivas, gastos de viaje y alojamiento, la contratación de la compañía de Zarzuela de Madrid "para la puesta en escena de la Antología de la Zarzuela", la compra de un autobús o la edición de un libro de memorias de "Hacienda de Toros". Otro de los hechos reflejados en la querella se refiere a la constitución de "un entramado societario con la finalidad de manejar los fondos públicos sin el 'corsé' de la legalidad administrativa y poder utilizarlos conforme a sus intereses, coincidieran o no con la gestión pública municipal y utilizando parte de ellos en su interés propio".
Las sociedades, 19 en total, "se constituían al margen del procedimiento previsto, y su actuación no estaba controlada por el Pleno, celebrándose las Juntas de las mismas exclusivamente por el Alcalde accidental y el secretario de la sociedad", y fue a través de ellas como se llevó a cabo "el vaciamiento patrimonial de los fondos municipales". En el informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas puso de manifiesto la existencia de una deuda con la Seguridad Social de 15.234.437.427 pesetas (de las que 9.712.118.195 pesetas corresponden al Ayuntamiento y el resto a sociedades municipales) generada entre 1991 y 2001, periodo en el que no se realizó "ninguna aportación" por parte de los obligados a ello.