El Confidencial se hace eco de un estudio de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), realizado por uno de los mejores especialistas de España en la materia, Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus conclusiones son demoledoras para Andalucía, Castilla la Mancha y Canarias, tres de las regiones más pobres de España. Si consideramos la media del Estado 100 puntos, los recursos de los habitantes de Andalucía caen un 9,2% respecto de la media. Los de Canarias retroceden un 8,6% y los de Castilla La Mancha un 6,1%. Cantabria también sufre una merma relevante en su financiación per cápita (un -6,3%), pero al menos se mantiene por encima de la media. Vea el estudio completo aquí.
El trabajo presenta una estimación de los resultados financieros del nuevo modelo de financiación regional en su año base efectivo de 2009. Si sus previsiones se cumplen, "algunas regiones experimentarán bruscos saltos a la baja entre 2007 y 2009 en términos de financiación por habitante ajustado que podrían ser difícilmente aceptables. Esto haría que el nuevo sistema esté sujeto a fuertes presiones para su reforma desde el mismo momento de su puesta en marcha. Para evitar, o al menos mitigar, este problema sería conveniente introducir algunos cambios en el proyecto de ley que actualmente se está tramitando en las Cortes. Los cambios necesarios serían consistentes con el núcleo del reciente Acuerdo."
Según sus datos, el caso más singular es el de Andalucía, Castilla La Mancha y Canarias, que de situarse en los primeros lugares por financiación per cápita con el anterior modelo han pasado a ocupar las últimas posiciones. En concreto, sostiene De la Fuente, “pierden entre 6 y 9 puntos y caen hasta los últimos puestos del ranking de financiación por habitante ajustado”. El Congreso acaba de aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica, pero sus consecuencias van a ser muy distintas a lo inicialmente previsto por el Gobierno. Principalmente en tres regiones: Andalucía, Castilla La Mancha y Canarias, las tres comunidades autónomas que salen peor paradas con el nuevo modelo en términos relativos. Por el contrario, Madrid, que había mostrado serias reservas sobre la reforma, es quien obtiene mejores resultados comparativos, lo que echa por tierra las previsiones del propio Gobierno, que diseñó un esquema que pivotaba alrededor de Cataluña, la región que impulsó el nuevo sistema.
Andalucía pasa del puesto 8 al 15 en financiación per cápita; Castilla La Mancha, del 9 al 11 y, finalmente, Canarias, de ocupar el puesto número 10 es con el nuevo sistema la peor situada, la 17.
Textualmente, el autor concluye:
"Algunas de las regiones peor financiadas con el sistema anterior experimentan mejoras significativas, pero no todas ellas lo hacen. Así, Baleares y Valencia se mantienen por debajo de 95, mientras que Madrid y Cataluña se sitúan por encima de 100. El caso de Madrid es, además, realmente llamativo pues gana más de 14 puntos y pasa a situarse entre las regiones mejor financiadas cuando en 2007 estaba el tercero por la cola. También resulta problemática la evolución de Canarias, Andalucía y Castilla la Mancha, que pierden entre 6 y 9 puntos y caen hasta los últimos puestos del ranking de financiación por habitante ajustado.
En conjunto, resulta difícil evitar la sensación de que estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Cataluña gana algo más de 5 puntos, lo que podría ser razonable y era en cualquier caso uno de los objetivos centrales de la reforma desde el punto de vista del Gobierno, pero las reglas que hacen esto posible implican en el caso de Madrid una ganancia seguramente excesiva que esta comunidad nunca ha reclamado y no consiguen elevar a Valencia y a Baleares por encima de 95. Para financiar las mejoras de Madrid y Cataluña, alguien tiene que perder posiciones. Una parte del sacrificio viene de regiones muy bien financiadas hasta el momento (Cantabria, Rioja, Extremadura y Aragón) que seguirán estando claramente por encima de la media con el nuevo sistema, pero el resto sale de Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha, que estaban antes en torno a la media y ahora caen por debajo de 95. Un último agravante es que una parte importante de las pérdidas que sufren estas regiones son fruto de ciertos "accidentes técnicos" que acentúan considerablemente el desplome del Fondo de Suficiencia en 2009 y de la decisión arbitraria de no aplicar el criterio general de reparto del Fondo de Competitividad en 2009."
Modificaciones beneficiosas para Andalucía
En esta situación, podría ser aconsejable introducir ciertas modificaciones en el proyecto de ley de financiación regional que actualmente están tramitando las Cortes que podrían mitigar algunos de los problemas que he identificado sin hacer violencia alguna al Acuerdo firmado el pasado julio.
La primera modificación consistiría en repartir el Fondo de Competitividad de 2009 con el criterio general que establece la ley, eliminando el procedimiento excepcional fijado para ese año... supondría un alivio sustancial para las comunidades insulares y, en menor medida, para Andalucía, Valencia y Castilla la Mancha y reduciría en 6 puntos la exagerada ganancia de Madrid.
Otra medida que debería considerarse sería la modificación del procedimiento de cálculo del ITEn con el fin de eliminar la sensibilidad de esta variable a los errores de previsión presupuestaria y la reducción accidental del valor del Fondo de Suficiencia en 2009 que se ha producido por este motivo. Para ello bastaría con realizar el cálculo en términos de devengo en vez de caja, esto es, definir el ITEn como la diferencia entre los ingresos totales por IRPF, IVE e IIEE y el rendimiento definitivo de los tramos autonómicos de estos tributos.
También debería considerarse seriamente la posibilidad de fijar el año base del nuevo sistema realmente en 2007, lo que permitiría poner en marcha desde el principio el Fondo de Garantía con el fin de asegurar un reparto más equitativo de los costes fiscales de la crisis. Finalmente, convendría también comenzar a buscar fórmulas que permitan eliminar o al menos reducir la sensibilidad de los ingresos autonómicos a las políticas anticíclicas del Gobierno central.