Andalucía incorpora en su proyecto de Estatuto las reformas más polémicas del texto catalán
"Andalucía es una nacionalidad". Así lo afirma el presidente Zapatero y así vendrá reflejado en el nuevo estatuto autonómico que se debate estos días. El preámbulo del Estatuto andaluz incorporará la definición de "realidad nacional" que viene reflejada en el Estatuto catalán. Y esta no será la única similitud entre ambos textos. El blindaje de competencias, la relación bilateral entre autonomía y Estado o el Poder Judicial serán otros de los puntos en que Andalucía siga el modelo catalán, gracias a los cambios que el PSOE está introduciendo en el texto inicial mediante enmiendas.
(Libertad Digital) Según adelanta este lunes el diario La Razón, el texto andaluz sigue, punto por punto, el modelo catalán en sus aspectos más polémicos. La primera similitud aparece en el Preámbulo, donde los socialistas de Andalucía han propuesto copiar la misma fórmula que adoptó la reforma catalana, es decir, establecer que "la Constitución española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad". Además, el PSOE ha logrado eliminar del artículo 1 una frase que se refiere a la "unidad indisoluble de la nación española".
Según el proyecto andaluz, los habitantes de Andalucía gozarían, como los catalanes, de unos derechos y deberes distintos a los comunes para todos los españoles que recoge la Constitución española. El texto establece un Título de Derechos y Deberes, al igual que el catalán, en el que, además, también se hace alusión al derecho a morir dignamente.
Uno de los apartados más polémicos del texto catalán, el que se refiere a la Justicia, tendría su equivalente en el proyecto andaluz. Si se aprobara el texto tal y como está, Andalucía gozaría, como Cataluña, de un Consejo de Justicia y un Fiscal Superior de Andalucía. El papel del Tribunal Supremo sería el de unificar la doctrina, por detrás del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La relación entre Andalucía y el Estado sería de bilateralidad, al igual que sucede con el texto catalán, al establecer que la comunidad autónoma participe en políticas estatales como la planificación de obras públicas. Las enmiendas del PSOE han permitido que, a la capacidad inicial de la Junta para participar en la elección de miembros del Banco de España o la CNMV, se sume la designación de miembros del Tribunal Constitucional y el CGPJ.
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