LD (Ángela Martialay) El PP ha presentado esta mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal por prevariación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la que denuncia la "decisión consciente de suplantar la ley" por parte del magistrado y el hecho de que éste no se haya inhibido en el plazo de tres días establecido por ley, según informaron en fuentes populares.
Además de un delito de prevaricación, los populares apuntan a que el magistrado es autor de un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos.
El PP sostiene que Garzón debería haberse inhibido hace días de la operación Cacería ya que “el pasado 13 de febrero el propio Juez de Instrucción ya reconoce expresamente, y de forma no hipotética sino aseverativa, que existen aforados implicados, y que debe acordarse una inhibición a favor de los tribunales legalmente determinados para instruir y enjuiciar las causas que se refieren a aquéllos”.
Asimismo, los populares destacan en su escrito de 16 folios que “en el auto del día 13 de febrero, Garzón reconoce que deberá inhibirse de la causa", sin embargo-denuncian- "las diligencias de investigación desarrolladas por el Juez no se detuvieron en los días siguientes”. Este dato es “relevante” para los populares ya que el instructor continuó tomando decisiones “realizadas por quien ha reconocido por escrito su incompetencia para conocer de la causa”.
Este argumento sostenido por el partido presidido por Mariano Rajoy se fundamenta en el artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que, en caso de que haya aforados imputados en la causa, el juez encargado de la misma, deberá remitir "las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al tribunal competente". "No hay, pues, que esperar a que se terminen de realizar las diligencias acordadas: sólo se practican las urgentes", recuerda el PP.
De diez a veinte años de inhabilitación
Por ello, el PP pide que el juez sea inhabilitado de su cargo por un tiempo de diez a veinet años. Según lo establecido en el artículo 446 del Código Penal “el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado (...) con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas”.
Con la querella, Garzón “ha cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, por ende, para mantener el conocimiento de dicho asunto” subrayan los populares.
Por otra parte, la dirección del PP recuerda además que Garzón participó en un cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que les impidió presentarse como acusación particular para recusar al magistrado.
En este sentido, el PP recuerda en su escrito la cacería que compartieron el magistrado de la Audiencia Nacional y el entonces ministro Bermejo en Torres (Jaén) cuando el juez investigaba la presunta trama en torno a su partido, algo que "refuerza el comportamiento doloso" del querellado.
Apenas una hora después de que se diese a conocer a los medios la interposición de la querella, el juez respondía a los populares implicando en la causa a aforados nacional. De nuevo, Garzón no ha dado nombres.