ANÁLISIS: La complicada renovación del Tribunal Constitucional

La polémica sobre la renovación del Tribunal Constitucional ha vuelto a salir a la palestra en las últimas horas. Lo cierto es que desde hace casi dos años el bloqueo de facto del intérprete supremo de la Constitución es total.

A priori, esta situación se debe a la falta de acuerdo entre PP y PSOE para encontrar sustitutos a los cuatro magistrados cuyo mandato ya ha expirado. Se trata de la presidenta María Emilia Casas y de los magistrados conservadores Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata. Sin embargo, la razón de fondo es que si el TC se renueva los más de tres años de deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña caerían en saco roto ya que habría que empezar desde cero. Tampoco pasa desapercibido para nadie que las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina -se celebran el próximo otoño- y el efecto que podría tener un fallo desfavorable del Alto Tribunal. 

Este asunto es trascendental tanto para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fue el presidente quien prometió al gobierno catalán una norma estatutaria que ampliase sus competencias estatales, como para la oposición, debido a que el principal recurso que debe resolver el guardián de la Constitución es el interpuesto por el PP.

El PSOE cayó en su propia "trampa"

Una de las claves de la cuestión es que a pesar de que la modificación Ley Orgánica Tribunal Constitucional en 2007 fue llevada a cabo a instancias del PSOE, -y el partido de Mariano Rajoy la recurrió sin éxito-, éste ha caído en su propia trampa. Con dicha reforma, el sistema de renovación de los nuevos miembros cambió.

Según enuncia la nueva enmienda los magistrados propuestos por el Senado "serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara", es decir, que los candidatos llegan al Senado a través de los parlamentos autonómicos.

Estos tienen la libertad para proponer "entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional" a quienes quieran, así como repetir dichas propuestas en diferentes parlamentos autonómicos, sin perjuicio alguno, siempre que los candidatos cumplan dichos requisitos.

Como en esta ocasión se deben sustituir cuatro integrantes del TC, atendiendo al criterio de proporcionalidad, el PP puede elegir a dos y el PSOE a otros dos. Previsiblemente, dos conservadores y dos progresistas, respectivamente. Por otro lado está la sustitución de la vacante del magistrado fallecido Roberto García Calvo, que lo elegirá el Congreso mediante otro proceso. 

En 2008, el PP propuso como dos únicos candidatos para miembros del Constitucional al ex presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, y al ex portavoz del poder judicial, Enrique López. Este hecho enfadó y desconcertó a los socialistas que vieron como su propia enmienda se volvía contra ellos y podría llevar al Constitucional a personas críticas con el Gobierno de Zapatero y contrarias al Estatuto Catalán.

Cinco progresistas, cinco conservadores

En este momento, el bloque conservador del TC que delibera sobre el Estatut lo componen el vicepresidente Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde mientras que el sector progresista lo integran Manuel Aragón, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay, Pascual Sala y la propia Casas. Si se renueva ahora  a los magistrados elegidos por la Cámara Alta el equilibrio existente, de cinco progresistas contra cinco conservadores, se rompería quedando a favor del PSOE con seis frente a cuatro. Por este motivo, el PP ve imprescindible que si se lleva a cabo la regeneración del TC incluya la vacante de García-Calvo.

Por otro lado, los socialistas tampoco pasan por alto las continuas informaciones que apuntan a que el TC declarará inconstitucional parte del Estatut. Con este escenario, los nervios en el gobierno de José Montilla y en el Ejecutivo central están a flor de piel. Por este motivo, una de las “soluciones” sería renovar este órgano antes de que dicte una sentencia desfavorable para los socialistas.

Si desde hace dos años el PSOE ha considerado inaceptables a estos candidatos, aunque nunca los llegó a vetar, ahora la estrategia podría pasar por aceptarlos y, luego, recusarlos. El motivo, desvelado por el diario El Mundo, pasa porque tanto Hernando como López, cuando fueron miembros de órgano de gobierno de los jueces, suscribieron un informe contrario al Estatuto por lo que pensar en su posible recusación sería algo concebible.

Una vez destapada esta estrategia, los populares exigen como un requisito fundamental que el Constitucional dicte primero la sentencia del texto catalán y, sólo entonces, se desbloqueará su renovación, informa Pablo Montesinos.