LD (EFE) Minutos antes del comienzo de la VII Convención Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta se refirió al anuncio del PP de que mientras el presidente del Grupo Prisa, Jesús Polanco, no rectifique pública e inequívocamente sus declaraciones contra este partido "dejará de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas de este grupo".
Polanco había sostenido que es difícil estar de acuerdo con algunos partidos "en unos momentos en que hay quien desea volver a la guerra civil".
En opinión de Cuesta, la postura del PP de vetar a las empresas de Prisa "pone de manifiesto el talante de Rajoy" y su "línea política radical", y demuestra que este partido "no respeta la libertad de expresión y de información, ni el derecho de la ciudadanía a una información veraz".
El PSOE no "boicotea" a Telemadrid sino que apoya a los sindicatos
Respecto a la decisión del PSOE de no enviar a ningún miembro del partido a Telemadrid, adoptada hace unas semanas, Cuesta justificó que no fue "ninguna llamada de boicot", sino un acto de apoyo al conflicto que habían planteado los sindicatos del canal de televisión, quienes "defendían sus intereses laborales" y criticaban "el funcionamiento y la gestión interna".
Además subrayó que sigue habiendo socialistas que acuden a programas de Telemadrid "pese a que pensamos que su línea es todo menos objetiva", y reiteró que "no hay precedentes de boicot a la libertad de expresión como el que ha puesto de manifiesto el PP" con su decisión sobre Prisa.
El "caso Sogecable" se volvió en contra de Gómez de Liaño
El "boicot" anunciado por los populares, continuó Cuesta, "no es bueno" para los ciudadanos, y recordó que ya existe un "precedente", según Cuesta, cuando el ex presidente José María Aznar "en su día llegó incluso a intentar quitar de la circulación y meter en prisión a Polanco".
Cuesta se refería así a la citación, en junio de 1997, del juez Javier Gómez de Liaño a Polanco para tomarle declaración en relación con la posible gestión irregular por la empresa Sogecable, caso que acabó volviéndose contra el magistrado, que fue condenado a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.