El silencio de la nueva juntad directiva de la AVT, encabezada por García Casquero ha convencido a Alacaraz para personarse en la causa del Chivatazo a ETA, según informa a través de la Plataforma Voces Contra el Terrorismo.
El ex presidente de la Asociación de Víctimas recuerda que la actual junta rescindió el cotnrato con los letrados que empujaron la personación en el chuvatazo, que lograron convertirse en el auténtico azote de ETA en la Audiencia Nacional.
Pero Alcaraz no está satisfecho de que las víctimas estén condenadas a un "clamoroso silencio" especialmente en un escándalo tan grave, y ha retomado las exigencias que antaño encabezase su asociación.
Según ha explicado, Alcaraz ha decidido que sean de nuevo los letrados Rodríguez Segura y Rubio quienes gestionen su personación en la causa. "No me gusta la actitud de la actual junta ni su silencio cómplice con políticas de este Gobierno que deberían haber sido denunciadas públicamente desde la asociación. Por eso creo que debemos estar presentes en la Audiencia Nacional, para que no se silencie el caso, para que no se eche tierra encima y para que se sepa la verdad, exigimos al Ministerio del Interior, al Gobierno, al juez y al fiscal que cumplan con su obligación y esclarezcan quiénes fueron los que dieron el chivatazo del Faisán y, sobre todo, por orden de quién" asegura Alcaraz.
Además, consideran que "su experiencia en los casos de los macrojuicio contra las finanzas de ETA, contra el brazo político de ETA , los terroristas del GRAPO, los Islamistas y los del 11-M, entre otros, justifican la elección de dicho equipo de abogados"
La Plataforma de Voces contra el Terrorismo asegura que "empieza una nueva andadura concerniente a la actuación judicial contra el terrorismo y sus cómplices. El caso del chivatazo a ETA es el inicio de una nueva etapa que pretende exigir justicia y que los delitos no queden impunes".
Pero desde VCT aseguran que esta no será su única batalla: "Voces Contra el Terrorismo pretende estar presente, y siempre que las posibilidades económicas lo permitan, en todos los procesos judiciales referentes al terrorismo pero muy en especial en aquellos casos que por estrategias políticas o intereses oscuros “subvencionables” pudieran quedar sin la acusación popular, tan importante en casos donde la fiscalía no actúa o pretende archivar sin explicaciones coherentes basadas en el ámbito del procedimiento jurídico" aseguran.