Admitida la querella del PP que afecta a concejales del PSOE e IU

El PP ya ha señalado como posibles imputables al Teniente de Alcalde de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente de Mercasevilla y los concejales socialistas Alfonso Mir y Gonzalo Crespo, ya  dimitido.

La juez admite parcialmente la denuncia, imputando inicialmente a los ex directores de la empresa municipal Fernando Mellet y Daniel Ponce, así como a Pilar Giraldo, ex directora económica financiera de la compañía «sin perjuicio» de que el desarrollo de la investigación genere la imputación de otras personas acusadas.

El ya famoso comunista recalcitrante Rodrigo Torrijos, célebre por haber admitido la censura del homenaje a Agustín de Foxá y otros comportamientos antidemocráticos y sectarios, está en el punto de mira del PP. Según este partido, Torrijos  era el gran gestor político «de facto» en la compañía. Por ello, el PP señala insistentemente, como hizo ayer, el papel primordial de Torrijos y su «poder ejecutivo real» en la empresa controlada por el Ayuntamiento. Recordó ayer la oposición, en este sentido, un asunto que adelantó este periódico hace meses, la compra por la Fundación Mercasevilla de una grúa valorada en 36.000 que se regaló al Gobierno cubano, algo «en lo que está detrás Torrijos y quedará demostrado, aunque él siga sin decir nada».

Según ABC, en la denuncia se pide que se impute a los patronos de la Fundación Mercasevilla por aprobar las cuentas generales pese a conocer que incluían pérdidas disfrazadas como ingresos; convivían con el «maquillaje» de las cuentas en la fundación y luego aprobaban las cuentas generales sabiendo que las cifras eran falsas. Por tanto,  aparece en escena definitivamente el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente de la empresa municipal y patrono de la fundación, además de los socialistas Alfonso Mir —actual concejal y consejero apoderado de la compañía— y Gonzalo Crespo —ex edil y ex presidente de «Merca»—.

Hasta ahora, existe en los juzgados una causa abierta por la petición de comisiones ilegales a empresarios por los directores de Mercasevilla —causa originaria— y, por otro lado, una por la operación de venta de los suelos del mercado central de abastos a Sando mediante un concurso que la juez considera «fraudulento». Ahora, sigue ABC, Con el presunto delito societario, la Justicia ya no toca tangencialmente esos apartados sino que apunta definitivamente al «resto», engorda las pesquisas con una «amalgama de hechos de gestión desleal», pidiendo para ello en este auto documentación sobre veinte posibles hechos delictivos, entre ellos la financiación de los ERE y la obligación de pago de la Junta de Andalucía, los gastos con tarjeta VISA de los directivos, los gastos de consultoría, la concesión de becas «extrañas», el reparto de dividendos o hasta los gastos del Foro Jurídico de Mercasevilla, donde se organizó una conferencia del juez Baltasar Garzón.

El Juzgado pide también datos sobre el organigrama y retribuciones de la Fundación Mercasevilla desde su fundación, sus libros de cuentas, estados de gestión, contratos de préstamo y convenios. Además, ordena a la Policía que informe sobre «los procedimientos de contratación» y pide que la Intervención General del Estado analice toda esta documentación.

La Junta y Mercasevilla
El meollo está en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla en los años 2007 y 2010, pues si resulta no ser cierto el compromiso de pago por parte de la Junta de Andalucía, una partida de 9 millones de euros realmente tendría que registrarse como pérdida y ello podría general que la sociedad incurriera en causa de disolución». Se trata además de dilucidar si la Administración autonómica tiene la obligación jurídica de financiar las prejubilaciones actuales, que están en el alero.

Destaca la petición de la juez Alaya para investigar la «legalidad de los pagos» a las firmas Maginae Solutions —empresa vinculada a UGT y a su dirigente Juan Lanzas, que trabajó en la intermediación de los expedientes de regulación de empleo con la Junta de Andalucía— y Hermes Consulting «por mediar en el ERE».

Incluso la juez pretende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAS) del Ministerio de Economía determine por qué las irregularidades detectadas por la consultora Deloitte tras la primera investigación judicial en Mercasevilla no fueron detectadas por la entonces empresa auditora, Price Waterhouse, que hizo el informe de auditoría de 2008 donde los resultados eran positivos.