Acebes exige que se juzgue como un atentado el intento de dos proetarras de quemar a dos policías en Bilbao
El pasado viernes la Policía detuvo a un menor en Bilbao por intentar quemar vivos a dos agentes. El detenido fue presentado en los juzgados de la capital vizcaína y no en la Audiencia Nacional, encargada de juzgar los delitos de terrorismo. Para el secretario general del PP se ha producido un "salto cualitativo" en la negociación con ETA al cometerse un "atentado terrorista". Por ello, ha pedido que sean juzgados en la Audiencia y que Zapatero condene este acto. Además de presionar con el terrorismo callejero, ETA continúa extorsionando a los empresarios, y los cargos públicos que renunciaron a llevar escolta la han vuelto a recuperar. Desde el PSOE, José Blanco acusó al portavoz del CGPJ de usar la institución como "correa de transmisión" de las ideas del PP.
Tras calificar de "atentado terrorista en toda regla" que unos encapuchados intentaran prender fuego a dos policías municipales el pasado viernes en Bilbao, Acebes criticó que Zapatero "no haya condenado estos hechos tan graves ni dedicado una palabra de solidaridad, ánimo o apoyo a los dos servidores públicos atacados o a sus familias". Para el PP, tanto este "atentado terrorista" como las manifestaciones de este fin de semana en el País Vasco "corroboran" su advertencia de que ETA "no tiene ninguna voluntad de abandonar la violencia" y de que esto "no es un proceso de paz, sino un proceso de chantaje al Gobierno para conseguir sus objetivos".
El secretario general del PP ha propuesto un decálogo de medidas o "condiciones mínimas" que un Gobierno "debería cumplir" en la lucha contra el terrorismo cuyo objetivo, según Acebes, es "acreditar" si el presidente del Gobierno dijo este domingo "la verdad o estaba engañando".
La primera de las diez medidas exige que Zapatero condene "todos los actos terroristas, tanto de terrorismo urbano como contra las personas" cometidos por ETA.
En segundo lugar, el PP pide que tanto el Ejecutivo como el PSOE pongan fin "de manera inmediata a las reuniones públicas y a los encuentros y negociaciones secretas que viene manteniendo con ETA-Batasuna o sus representantes".
Además, el Gobierno se comprometerá a que no haya "ninguna mesa de partidos" al margen de las instituciones democráticas del País Vasco, y a no reconocer "ninguno de los compromisos o acuerdos políticos que se hubiesen alcanzado hasta ahora y que afecten al futuro del País Vasco, Navarra o al conjunto de España", así como a que "cualquier reforma del marco jurídico" se lleve a cabo "dentro del marco de la Constitución".
En cuarto lugar, el Gobierno "informará y hará entrega" al Parlamento de "todas las actas de las reuniones mantenidas por sus representantes o mediadores con ETA en el extranjero, y por miembros del PSOE con Batasuna y el PNV en España".
La quinta medida exige al Ejecutivo que garantice "la integridad territorial" de Navarra, así como que esta comunidad autónoma "nunca será moneda de cambio" en una negociación.
El PP insta al Gobierno a respetar "escrupulosamente" el principio de independencia del poder judicial, "cesando las coacciones sobre jueces y magistrados" y haciendo que la Fiscalía "vuelva a aplicar la ley con toda contundencia" contra los terroristas.
En sexto lugar, según el PP, el Ejecutivo deberá hacer "público de inmediato" los informes sobre la autoría del robo de 350 armas en la localidad francesa de Nimes, y "retomar la estrategia de la derrota policial a ETA" para lo que pondrá "todos los medios necesarios".
Además, deberá impedir "cualquier manifestación política de la ilegalizada ETA-Batasuna" e instar a la Fiscalía a que "actúe contra cualquier convocatoria pública, ya sea en calles, locales o medios de comunicación donde se esté haciendo propaganda o colaborando en los objetivos de la banda terrorista"
La octava medida del PP es que el Gobierno se comprometa "a hacer cumplir" la Ley de Partidos "que impide" que Batasuna se presente a las elecciones "sin que ETA haya desaparecido", especialmente a los próximos comicios municipales de 2007. Según el PP, para lograr este objetivo, el Ministerio del Interior y la Fiscalía "perseguirán cualquier intento de sortear la ley mediante marcas blancas, nombres diferentes, plataformas, incluido el Partido Comunista de las Tierras Vascas".
En noveno lugar, el Gobierno "rechazará públicamente la internacionalización del falso conflicto entre España y el País Vasco, y se comprometerá a no volver a acudir a instancias supranacionales para abordar el terrorismo de ETA, sino sólo para perseguirle".
La décima y última medida es que el Ejecutivo se comprometa a "respetar la memoria y la dignidad" de las víctimas del terrorismo, además de otorgar "protección y ayuda" a este colectivo, y convocará "una reunión urgente" con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para abordar estas cuestiones.
Acebes, quien anunció que su partido ha decidido apoyar la manifestación que la AVT celebrará en Madrid el próximo día 25, ha insistido en que Zapatero debe "acreditar" que "realmente existe esa voluntad de que con violencia nada de nada" porque, señaló, hasta ahora se ha estado "negociando" cuando ha existido "kale borroka". "A quien no le pasa nada de nada es a Otegi y a los proetarras", aseveró el número dos de los populares.
Por ello explicó que existen unos "mínimos" concretados en este decálogo que recoge medidas de "sentido común" y "elementales para una democracia y para dar el mensaje a ETA y al conjunto de los ciudadanos de que no se está dispuesto a aceptar el chantaje de la banda terrorista todos los días".
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