Los 47 largos días de secuestro del pesquero español Alakrana han finalizado este martes de forma feliz con la liberación del atunero vasco y sus tripulantes. La duda sin resolver es si el Ejecutivo ha cedido al chantaje de los piratas y les ha pagado el rescate de 2,3 millones de euros, tal y como informaba la agencia Reuters. Como consecuencia de la mala gestión, un proceso judicial “exprés” abierto desde la Audiencia Nacional para enviar a los piratas encarcelados en España a Somalia.
Mientras tanto, el Gobierno no cesa en su empeño de pedir prudencia, tanto a la oposición, como a los medios de comunicación a la hora de valorar el desenlace.
Este martes, el presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido, una y otra vez, en pedir prudencia y colaboración a los medios de comunicación y a las fuerzas políticas "para que estos temas se resuelvan bien y rápido"."La mejor receta, la discreción... no se discutirá que el Gobierno ha tenido una fuerte presión", recalcó.
Una “discreción” del máximo dirigente del Gobierno que fue entendida como una desatención a las familias de los secuestrados y un silenciamiento del problema.
Chacón, ¿inhabilitada?
La hemeroteca refleja que Zapatero tardó un mes y una semana en asumir la responsabilidad personalmente la situación que vivía el buque. Durante 37 días no dijo ni “mu” sobre el secuestro y cuando lo hizo no hubo cabida para la autocrítica en el mensaje del Presidente. Dijo que el Gobierno "sabía lo que hacía" y que la situación del Alakrana "podía estar encauzada".
Por otro lado, en los primeros días del secuestro el Ejecutivo depositaba toda su confianza en la titular de Defensa, Carme Chacón, para gestionar el problema.
Sin embargo, los trámites infructuosos llevados a cabo por Chacón , traducidos en inactividad por parte del Gobierno, coincidieron con el momento máxima tensión que se ha vivido a lo largo del secuestro: tres de los marineros del Alakrana fueron trasladados a tierra y los piratas amenazaban con matarlos.
Las familias estallan
Entonces, las familias estallaron y aseguraron que las negociaciones estaban rotas, que el Ejecutivo mentía y que la situación que vivía los rehenes era crítica. Los víveres y el agua se agotaban.
A partir de ahí la descoordinación del Gobierno fue manifiesta. Chacón, pasó a ser una ministra “inhabilitada” y los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y de Medio Ambiente Rural y Marino, Elena Espinosa, junto con la vicepresidenta De la Vega, tomaron las riendas del asunto.
El Gobierno formó un comité de crisis con sus miembros ya citados junto con el secretario de Estado de ese departamento, Ángel Lossada; y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. También formaron parte del comité el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el director del Gabinete del Presidente del Gobierno, José Enrique Serrano.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se aseguró que en todo momento se estaba en permanente contacto con las familias, versión que, sin embargo, fue desmentida por los familiares.
En el ámbito judicial, el envío de los dos piratas capturados dos días después del secuestro por la fragata "Canarias" a España fue un error que puedo acabar con un trágico final.
El traslado, un error
Un día después de la detención, el 5 de octubre, el juez Baltasar Garzón dictó el ingreso en prisión incondicional de los dos piratas y ordenó que ambos fueran trasladados a España de forma "urgente", acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. El magistrado respondió así a la petición de la Abogacía del Estado y, por ende, del Gobierno.
Una semana después los piratas llegaron a Madrid, provocando este hecho cierto malestar en familiares de la tripulación, que no terminaron de entender el porqué de su traslado. El pirata conocido como Raagegeesey se declaró inocente ante el juez Garzón al día siguiente. Abdu Willy, por su parte, aseguró ser menor de edad.
Entonces la polémica sobre la edad del pirata Willy acaparó los titulares de periódicos, radios y televisiones. Tras siete pruebas médicas y un periplo por cuatro juzgados de la Audiencia Nacional, el pirata fue declarado mayor de edad.
En tanto, el Gobierno intentó pasar la pelota al tejado de la Audiencia. Pero el hecho de que la extradición de los dos piratas se llevase a cabo a petición de la Abogacía del Estado, y que luego el Ejecutivo quisiese dejar la resolución del secuestro en manos de los jueces, provocó que la Audiencia emitiese un duro comunicado defendiendo a sus jueces instructores.
La Audiencia culpa al Gobierno
En él, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, aseguraba que "ningún Juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna. Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal". En este sentido, el comunicado añadía que "ni el Juez de Guardia ni el Juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la Ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención".
Lo cierto es que mientras que los tripulantes del pesquero vasco Alakrana ya se encuentran en libertad, el proceso para juzgar a los piratas encarcelados en España avanza a marchas forzadas. El juez Santiago Pedraz retiró este lunes la imputación de asociación ilícita para que se pueda expulsar a los presuntos criminales del país. Hoy ha concluido el sumario de un proceso “exprés”, en comparación con el tiempo habitual que tardan las causas de este tipo en resolverse en la Audiencia Nacional.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en que "ahora es el tiempo de la Justicia”.