L D (EFE) El representante del Ministerio Público presentará la querella en la Audiencia Nacional, que estudiará si es competente para conocer este asunto por el delito que se investiga o si lo remite al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al tratarse de un diputado autonómico. El teniente fiscal José María Luzón, en funciones de Fiscal General del Estado durante la baja por enfermedad de Jesús Cardenal, envió las reseñas de los medios de comunicación que se hicieron eco de estas palabras de Otegi.
La Fiscalía General del Estado remitió este viernes a la Audiencia Nacional una copia de estas declaraciones para que determinara "con libertad de criterio" si podrían ser constitutivas de un delito de calumnias o injurias al Rey y, en caso afirmativo, si debían ser estudiadas por este tribunal, al ser el competente para conocer este delito, o remitidas al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por ser aforado al ser parlamentario vasco.
Batasuna opinó en un comunicado que las declaraciones efectuadas por Otegi son la "constatación de un dato objetivo" como es, a su juicio, que en España "se tortura sistemáticamente" y que el "responsable máximo y último de que esto suceda es el Rey". Más motivos.
Los hechos
El pasado 26 de febrero, y con motivo de la presencia del Rey en Bilbao, donde inauguró las instalaciones de "Bahía de Bizkaia", el portavoz de la suspendida Batasuna calificó al Rey Juan Carlos como "el jefe de los torturadores". En conferencia de prensa en San Sebastián, Otegi aseguró que le parecía "lamentable" y "una falta de dignidad política" que "el jefe de los torturadores" haya inaugurado "con nuestro insigne lehendakari" (Juan José Ibarretxe) estas instalaciones. Asimismo, añadió que es "patético y una sinvergonzada política que Ibarretxe inaugure un proyecto con el Rey de los españoles, jefe supremo de las Fuerzas Armadas Españolas".
Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional estas manifestaciones son "graves", según las fuentes, que recordaron que las injurias al titular de la Corona pueden ser sancionadas con un máximo de dos años de prisión, si se consideran graves, y un mínimo de multa si se califican como leves.
Escenarios posibles
Si el tribunal admitiese finalmente a trámite la querella, la Fiscalía solicitaría como primera diligencia la declaración del parlamentario vasco. La querella parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al ser este tribunal el competente para entender de los delitos contra los titulares de la Corona, en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin embargo, la competencia pasa a los tribunales superiores cuando la investigación afecta a diputados autonómicos y los delitos se han cometido en esa comunidad. El tribunal superior ya ha abierto investigaciones a Otegi, a quien citó el pasado mes de diciembre, junto al parlamentario de Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna) Jon Salaberria para tomarles declaración en relación con una querella presentada contra ellos por la Fiscalía por "enaltecimiento" del terrorismo durante el homenaje a la etarra Olaia Castresana, fallecida al explotarle una bomba que manipulaba.
Incoherencia del Gobierno vasco cuando habla de torturas
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado “absolutamente y categóricamente que haya habido torturas”. Rajoy se confiesa sorprendido por el hecho de que miembros del Gobierno vasco se creyeran las acusaciones. Así, el vicepresidente primero, recordó, que la semana pasada el Consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, "se quejaba" de que siempre que la Ertzaintza practicaba alguna detención de algún miembro de "kale borroka" o de alguna persona próxima a la organización ETA, "a la media hora se producía una acusación concreta de tortura hacia los miembros" de este cuerpo.
Además, ha quedado demostrado que varios forenses han estado supervisando el estado de salud de los detenidos desde que se inició la operación contra Egunkaria por pertenencia a ETA.
La Fiscalía General del Estado remitió este viernes a la Audiencia Nacional una copia de estas declaraciones para que determinara "con libertad de criterio" si podrían ser constitutivas de un delito de calumnias o injurias al Rey y, en caso afirmativo, si debían ser estudiadas por este tribunal, al ser el competente para conocer este delito, o remitidas al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por ser aforado al ser parlamentario vasco.
Batasuna opinó en un comunicado que las declaraciones efectuadas por Otegi son la "constatación de un dato objetivo" como es, a su juicio, que en España "se tortura sistemáticamente" y que el "responsable máximo y último de que esto suceda es el Rey". Más motivos.
Los hechos
El pasado 26 de febrero, y con motivo de la presencia del Rey en Bilbao, donde inauguró las instalaciones de "Bahía de Bizkaia", el portavoz de la suspendida Batasuna calificó al Rey Juan Carlos como "el jefe de los torturadores". En conferencia de prensa en San Sebastián, Otegi aseguró que le parecía "lamentable" y "una falta de dignidad política" que "el jefe de los torturadores" haya inaugurado "con nuestro insigne lehendakari" (Juan José Ibarretxe) estas instalaciones. Asimismo, añadió que es "patético y una sinvergonzada política que Ibarretxe inaugure un proyecto con el Rey de los españoles, jefe supremo de las Fuerzas Armadas Españolas".
Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional estas manifestaciones son "graves", según las fuentes, que recordaron que las injurias al titular de la Corona pueden ser sancionadas con un máximo de dos años de prisión, si se consideran graves, y un mínimo de multa si se califican como leves.
Escenarios posibles
Si el tribunal admitiese finalmente a trámite la querella, la Fiscalía solicitaría como primera diligencia la declaración del parlamentario vasco. La querella parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al ser este tribunal el competente para entender de los delitos contra los titulares de la Corona, en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin embargo, la competencia pasa a los tribunales superiores cuando la investigación afecta a diputados autonómicos y los delitos se han cometido en esa comunidad. El tribunal superior ya ha abierto investigaciones a Otegi, a quien citó el pasado mes de diciembre, junto al parlamentario de Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna) Jon Salaberria para tomarles declaración en relación con una querella presentada contra ellos por la Fiscalía por "enaltecimiento" del terrorismo durante el homenaje a la etarra Olaia Castresana, fallecida al explotarle una bomba que manipulaba.
Incoherencia del Gobierno vasco cuando habla de torturas
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado “absolutamente y categóricamente que haya habido torturas”. Rajoy se confiesa sorprendido por el hecho de que miembros del Gobierno vasco se creyeran las acusaciones. Así, el vicepresidente primero, recordó, que la semana pasada el Consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, "se quejaba" de que siempre que la Ertzaintza practicaba alguna detención de algún miembro de "kale borroka" o de alguna persona próxima a la organización ETA, "a la media hora se producía una acusación concreta de tortura hacia los miembros" de este cuerpo.
Además, ha quedado demostrado que varios forenses han estado supervisando el estado de salud de los detenidos desde que se inició la operación contra Egunkaria por pertenencia a ETA.