L D (EFE) El PP vasco ha denunciado este jueves la publicación en el Boletín Oficial de esta Comunidad de un concurso público para realizar un estudio sobre la creación de un sistema penitenciario vasco, cuando esta materia no es competencia del Ejecutivo autónomo. El parlamentario popular Carlos Urquijo explicó en un comunicado, que el BOPV de 19 de septiembre publica el concurso "Anuncio para la contratación de un estudio sobre sistemas de ejecución penal", cuyo presupuesto de licitación es de 170.000 euros.
Urquijo detalló que "la primera parte del contrato dice que el equipo de estudios seleccionado incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: estudio y evaluación de la situación actual de las instituciones penitencias de la CAV como infraestructuras, medios personales, equipamientos, servicios, población recluida y sus condiciones socio-familiares, etcétera".
El texto publicado en el BOPV solicita además, según la denuncia del PP, "un modelo de ejecución penal con especial referencia a la CAV que contemple limitaciones, políticas y programas a mantener, remodelar o suspender, así como revisión de convenios y acciones de colaboración unilateral". En el pliego de bases técnicas se indica que las ofertas para realizar este trabajo deberán presentarse antes del siete de octubre próximo.
Ante este hecho, Urquijo ha presentado en el Parlamento Vasco una pregunta al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. En la misma, plantea cómo se ha permitido "el despropósito" de organizar un concurso público para realizar un estudio y evaluación de la situación de las instituciones penitencias en el País Vasco "cuando conoce perfectamente que dicha competencia no está transferida, y sobre todo no dispone de permiso alguno para que dichas instalaciones puedan se examinadas". Pregunta asimismo si el consejero "no cree que dicho concurso debe ser anulado y su importante presupuesto, 170.000 euros, destinado a materias de su competencia más necesitadas de apoyo económico".
Urquijo detalló que "la primera parte del contrato dice que el equipo de estudios seleccionado incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: estudio y evaluación de la situación actual de las instituciones penitencias de la CAV como infraestructuras, medios personales, equipamientos, servicios, población recluida y sus condiciones socio-familiares, etcétera".
El texto publicado en el BOPV solicita además, según la denuncia del PP, "un modelo de ejecución penal con especial referencia a la CAV que contemple limitaciones, políticas y programas a mantener, remodelar o suspender, así como revisión de convenios y acciones de colaboración unilateral". En el pliego de bases técnicas se indica que las ofertas para realizar este trabajo deberán presentarse antes del siete de octubre próximo.
Ante este hecho, Urquijo ha presentado en el Parlamento Vasco una pregunta al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. En la misma, plantea cómo se ha permitido "el despropósito" de organizar un concurso público para realizar un estudio y evaluación de la situación de las instituciones penitencias en el País Vasco "cuando conoce perfectamente que dicha competencia no está transferida, y sobre todo no dispone de permiso alguno para que dichas instalaciones puedan se examinadas". Pregunta asimismo si el consejero "no cree que dicho concurso debe ser anulado y su importante presupuesto, 170.000 euros, destinado a materias de su competencia más necesitadas de apoyo económico".