(Libertad Digital) El Gobierno autonómico catalán quería que el magistrado Pablo Pérez Tremps analizara la viabilidad constitucional de algunas de sus propuestas estatutarias y para ello le encargo un informe jurídico. Fue tres meses antes de que fuera nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. El dinero pactado con el consejero Joan Saura lo cobró sólo semanas antes de que accediera al tribunal que debe pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra el Estatuto.
El objetivo del informe, detalla María Peral en su información, era "analizar la viabilidad constitucional de determinadas propuestas planteadas por la propia Generalitat". El entonces catedrático presentó sus "sugerencias" y buena parte de ellas se incluyeron casi de forma literal, en el proyecto de reforma del Estatuto que el Parlamento catalán envió al Congreso.
Recusación por las dudas sobre su imparcialidad
Es por este informe de encargo, sobre el que El Mundo publica este lunes en su portada el justificante administrativo de pago, por lo que el PP ha recusado al magistrado del TC. Duda que "reúna la apariencia de imparcialidad necesaria para intervenir como juez en este proceso, ya que cobró de una de las partes que están personadas por asesorarla, precisamente, sobre lo que es objeto del recurso".
Y detalla El Mundo que el Instituto de Estudios Autonómicos, organismo dependiente de la Generalidad "que actuó como cerebro del nuevo estatuto", remitió al Constitucional un expediente sobre la contratación de Pérez Tremps en el que explicaba que objetivo del contrato con el juez. Este expediente lo desconocía el TC en enero de 2006, cuando rechazó la primera recusación del PP a Pérez Tremps. Ahora, este órgano judicial debe pronunciarse sobre una segunda recusación.
En busca de complicidades "de gente de mucho peso"
Al resolver la primera, el Constitucional sostuvo que el documento de Pérez Tremps era un "artículo doctrinal", un "trabajo académico que no se ha realizado en posición de parte, ni en auxilio de parte". Ahora El Mundo desvela que había un contrato por medio y que el magistrado recibió por su trabajo seis mil euros de la Generalidad.
En el Parlamento catalán, en mayo de 2006, el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver, adelantó que habían encargado "diez trabajos "(...) a diez profesores de fuera de Cataluña sobre los aspectos más polémicos". El objetivo, reconocía, era "que nos ilustren, nos den su parecer. Y también, evidentemente, para buscar complicidades por parte de estos autores, que realmente son gente de mucho peso".