Tampoco ha habido suerte por la tarde de modo que el tercer día de sesiones de la Comisión de Investigación del Parlamento Andaluz sobre el caso de los ERE y ayudas fraudulentas. La comisión arroja nueve negativas a declarar ante su pleno, lo que hace ya insostenible la posición del Presidente de la Comisión, que tendrá que reflexionar sobre su sentido y su perdurabilidad dado el escándalo político e institucional que se está ofreciendo desde Andalucía.
Con la negativa del compareciente de esta tarde, son ya nueve los comparecientes que no han declarado por lo que casi un 30 por ciento de los llamados a declarar a la Comisión ya no lo han hecho. Nada hace esperar un cambio de postura en los próximos días por lo que nos podemos encontrar con una Comisión de Investigación que no sólo no ha podido investigar nada ni aclarar nada, sino que ha contribuido de manera espectacular al oscurecimiento de los hechos sobre el escándalo de los ERE.
El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá, que comparecía a las 16,30 de la tarde de este jueves, se ha acogido a su derecho a no declarar ni a responder preguntas durante la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza al entender que ello "puede suponer una lesión efectiva" de su derecho a la defensa legal en el proceso judicial que lleva a cabo Mercedes Alaya, instructora de este caso en el Juzgado número 6 de Sevilla.
Curiosamente, Izquierda Unida, a través de su portavoz y tal vez consciente del descalabro que sufre en la opinión pública por apoyar lo que parece, remedando al antiguo alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, un "cachondeo institucional", echó en cara a Barberá haberse puesto de acuerdo con los anteriores comparecientes para no declarar, lo que fue negado con ardor por el imputado.
Según Europa Press, Barberá, que dirigió la Viceconsejería de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 y está imputado en el caso de los ERE por Alaya -quien le atribuye cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial-, se ha limitado a leer un breve comunicado en el que ha recordado que la Constitución Española reconoce su "derecho fundamental a la defensa en el proceso penal con todas las garantías que este procedimiento recoge" y que, por tanto, elige, por recomendación de su letrada, no declarar ni contestar preguntas en esta comisión parlamentaria.
Además, ha señalado que el hecho de que se le obligue a permanecer presente en la sala mientras los grupos parlamentarios formulan sus preguntas puede suponer también "una merma o lesión de su derecho de intimidad", cosa que ya enunció el primer compareciente, el ex diputado socialista Ramón Díaz. "Dejo constancia expresa de mi desacuerdo para que así conste en acta", ha añadido para concluir su intervención.
A mediodía, Daniel Rivera, sustituto de Márquez en 2011, y director general que sustituyó a Guerrero en 2008 (fue con él en el cargo cuando saltó el escándalo), imputado por cuatro delitos, que repartió 42 millones con un sistema similar al de sus predecesores en el cargo y que trató de darle forma a los acuerdos formalizados en la época de Guerrero, se negó a declarar.
Defendido por el Ejecutivo de Griñán, la Junta ha admitido que abona la minuta de su abogado. Rivera ha comparecido ante la comisión de investigación acompañado de su nuevo abogado, Estanislao Gómez Gutiérrez, una defensa que ha sido criticada por el portavoz del PP, Rafael Carmona, porque, ha denunciado, la paga la Junta de Andalucía pese a que el declarante ya no es cargo de la administración andaluza.
Tanto el PP como IU exigieron "encarecidamente" al ex director general que si respetaba a la institución parlamentaria aclarara qué quiso decir cuando declaró a la juez que "tenía responsabilidad política, pero no penal" y que rompiera el "silencio sobrevenido". En algún momento de la intervención del popular Rafael Carmona, Rivera dijo estar "alucinando" y calificó alguna de las preguntas de "difamantes".
Casi 50 preguntas planteó la portavoz de IU, Alba Doblas, mientras los populares preguntaron en más de 80 ocasiones. El PSOE repitió su posición de no preguntar oralmente, solo interrumpida ayer con la declaración de Francisco Javier Guerrero.
Al cierre de la sesión, Rivera ha calificado de "interrogatorio" las preguntas de los diputados y ha enfatizado que "no existe ninguna persona con alguna irregularidad" en estos ERE "que no haya sido descubierta por la Junta de Andalucía" ya que "el juzgado no ha encontrado ni a uno; todas las denuncias han sido por la Consejería de Empleo".
Respecto a su declaración ante la juez Mercedes Alaya en la que adujo que podía "tener responsabilidad política, pero no penal" en este asunto, Rivera ha explicado que lo dijo en referencia a que ejerció "una confianza en subordinados que quebraron esa confianza",
El declarante ha recriminado al portavoz del PP que le exija responsabilidades políticas cuando este partido "tiene un alcalde en Málaga condenado que sigue ejerciendo", en referencia a Juan Martín Serón, regidor de Alhaurín el Grande.
En su declaración judicial, el exalto cargo de la Junta dijo que siguió aplicando el sistema de ayudas de Guerrero porque nadie le advirtió de su ilegalidad y reconoció que poco después de acceder al cargo "tomó conciencia" de que se habían dado ayudas por importe de 70 millones sin convenio previo ni resolución administrativa, si bien no paralizó los pagos porque los prejubilados tenían que seguir cobrando.