Este martes comienzan las sesiones de la primera Comisión de Investigación que el Parlamento andaluz ha creado en 17 años. En este caso, se ha formalizado para analizar el caso de los ERE fraudulentos y las ayudas irregulares a empresas que ha supuesto un desvío de al menos 1.500 millones de euros.
Dado que se contará con sólo 9 días y 25 comparecientes, a casi tres diarios si se toma una media de tres horas cada uno, no parece posible mejorar los resultados de la juez Alaya que ha empleado más tiempo, medios y dedicación.
Téngase en cuenta que, según sus planes, la Comisión dejará fuera de sus comparecencias a más de 40 imputados. El juzgado de Instrucción número 6 que dirige Mercedes Alaya ha imputado ya a 60 personas, tres de ellas con prisión preventiva: el ex consejero de Trabajo de la Junta, Antonio Fernández, en libertad ahora tras pagar 450.000 euros de fianza, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo.
La división interna en la Comisión es patente. Por una parte, PSOE e IU, coalición de gobierno en la Junta de Andalucía han impuesto un tipo de comisión en la que se prima la presencia de políticos sobre la presencia de testigos, imputados y técnicos, quitando de la lista incluso al conocido como "chófer de la cocaína", conductor del primer encarcelado por el tema, el ex director general Guerrero.
Por la otra, el PP acusa a la coalición de sabotear el objetivo de la comisión negando documentos y comparecencias a la oposición. La moteja de "comisión express" y juzga que encierra el propósito de cerrar en falso el caso con apariencia de investigación.
El PSOE, gobierno exclusivo de la Junta en el momento de la instauración del "fondo de reptiles" poco después del año 2000, quiere defender la tesis de que tanto las ayudas dadas arbitrariamente por la Junta, que la juez Alaya considera irregulares y ajenas al derecho, como el procedimiento administrativo son totalmente procedentes. Izquierda Unida, que en la oposición fustigó con dureza el método y los modos de estas ayudas, ahora parece colaborar con el gobierno de José Antonio Griñán.
El PP andaluz considera acertada la instrucción de la juez Alaya y las investigaciones periodísticas que han dado como resultado el descubrimiento del mayor caso de corrupción de la historia reciente de Andalucía.
Los comparecientes previstos
ABC ha hecho un trabajo de síntesis sobre los comparecientes y las razones de su presencia. Por orden de presencia desde este martes, son estos:
Martes, 21 de agosto
1. Ramón Díaz Alcaraz
Exasesor de la Consejería de Empleo. Antes fue sindicalista de UGT y después de su paso por Empleo, diputado del PSOE en el Parlamento andaluz. Coincidió con Francisco Javier Guerrero y con Juan Márquez. Está imputado por, presuntamente, impulsar la entrada de intrusos en los ERE de Saldauto y Calderinox. Otra asesora, María José Rofa, asegura que era consciente de las irregularidades. No ha prestado declaración ante Alaya.
2. Antonio Diz-Lois
Imputado por la juez Alaya, trabajaba como asesor en la Consejería de Empleo. Según declaraciones de otros implicados en la causa era "el responsable de las cuentas" en la dirección general de Trabajo. Organizaba los pagos a la Agencia IDEA –luego pasó al ente público– y hacía un seguimiento de los compromisos económicos adquiridos.
Los indicios apuntan que era consciente de los "pagos cruzados", otra de las irregularidades detectadas por los investigadores de la Guardia Civil. Este sistema consistía en desviar fondos comprometidos para unas pólizas a otras mediante una orden a IDEA, que siempre ejercía de "caja pagadora".
3. Fernando Mellet
Fue director general de Mercasevilla, causa que dio origen a la "trama de los ERE". El mercado de abastos de la capital andaluza promovió dos ERE, en 2003 y 2007, ambos negociados con Francisco Javier Guerrero. Fue donde aparecieron los dos primeros intrusos, Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela. Contó con la intermediación de Juan Lanzas. Mellet está imputado en la causa de Mercasevilla.
Miércoles, 22 de agosto
4. Ángel Rodríguez de la Borbolla
Exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Está imputado por recibir a través de un entramado de empresas "con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9.009.108 euros. La mayoría del dinero era para proyectos relacionados con el sector del corcho, algunos de los cuales –como una planta de ionización– no se llegaron ni a ejecutar.
5. Antonio Rivas
Exdelegado provincial de Empleo en Sevilla. Imputado en el caso Mercasevilla y en la "trama de los ERE". En este caso, introdujo presuntamente de forma irregular a Juan Rodríguez Cordobés en el ERE de Calderinox para abonarle una indemnización por despido. Dos cuñados también se prejubilaron de forma irregular percibiendo fondos públicos. Socialistas de Camas, municipio del que fue alcalde y secretario local del PSOE, también aparecen como beneficiarios de pólizas de renta financiados con cargo al "fondo de reptiles". No ha declarado aún por este caso en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
6. Francisco Javier Guerrero
Encarcelado y señalado por la Junta como máximo responsable del fraude. Fue director general de Trabajo entre 1999 y 2008, era el que manejaba el "fondo de reptiles" y la persona que acuñó el término.
Asegura que recibía directrices de sus superiores y que daba cuenta de todas sus actuaciones en los consejos de dirección. Prejubiló de manera irregular a vecinos de su pueblo, El Pedroso, a su suegra y a la madre de su chófer, entre otros. A este último, también en prisión, le concedió 1,3 millones de euros en subvenciones directas a empresas sin actividad creadas con el único fin de obtener el dinero público y gastárselo en "fiestas, regalos y cocaína", según la declaración del ex conductor.
Jueves, 23 de agosto
7. Juan Márquez
Director general que sustituyó a Guerrero en 2008, está imputado por continuar dando ayudas de manera irregular y avalando la introducción de intrusos, como el es el caso de Juan Rodríguez Cordobés y el sindicalista Antonio Fernández. La juez le atribuye los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir el delito. Firmó ayudas por 154 millones pese a que ya contaba con informes jurídicos que alertaban de su ilegalidad.
8. Daniel Alberto Rivera
Sustituto de Márquez en 2011, con él en el cargo saltó el escándalo. Imputado por cuatro delitos, repartió 42 millones con un sistema similar al de sus predecesores en el cargo y trató de darle forma a los acuerdos formalizados en la época de Guerrero. También contó con informes jurídicos que advertían de que la fórmula para pagar prejubilaciones y ayudas directas a empresas era irregular. Defendido por el Ejecutivo de Griñán, la Junta ha admitido que abona la minuta de su abogado.
9. Agustín Barberá
Viceconsejero de Empleo durante la época de Antonio Fernández. Las alegaciones al primer informe de la Intervención General en el que se alertaba de que el procedimiento administrativo por el que se estaban concediendo las ayudas era ilegal iban firmadas por él. Entre otros argumentos, expuso que el modelo garantizaba la "paz social". Alaya le imputa cuatro delitos y asegura que en base a los documentos conocía la ilegalidad del procedimiento.
Viernes, 23 de agosto
10. Justo Mañas
Viceconsejero de Empleo con Manuel Recio. No está imputado. La Guardia Civil considera que fue "conocedor de la forma y los motivos de la inclusión del intruso Juan Rodríguez Cordobés en Calderinox".
11. José Antonio Viera
Es aforado y, de momento, no está imputado en la causa. Fue uno de los impulsores del convenio marco de 2001 que atribuyó al ente instrumental IFA la potestad de pagar las ayudas ordenadas directamente por la dirección general de trabajo y seguridad social. La Guardia Civil le atribuye en sus pesquisas un "papel esencial" en la trama.
12. Antonio Fernández
No ha hablado desde que salió de la cárcel bajo fianza de 450.000 euros. La instructora del caso lo considera como el "ideólogo" del sistema ilegal de concesión de ayudas. Era el responsable del IFA cuando se firmó el convenio y fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010. Tuvo que ser "conocedor" o "consentía por desidia" todas las irregularidades que se produjeron en su departamento. También aparece como beneficiario de una póliza de renta de 400.000 euros en González Byass aunque renunció cuando trascendió el escándalo a los medios.
Lunes, 27 de agosto
13. Manuel Recio
Consejero de Empleo desde 2010, bajo su mandato se aplicó una encomienda de gestión con la Agencia IDEA para pagar las ayudas que la juez también considera ilegal. Por tanto, tardó un año en cambiar el sistema mediante una orden de abril de 2011. Impulsó la investigación interna que ha provocado numerosos desencuentros con la juez por su falta de colaboración.
14. Francisco Vallejo
Colaboró como consejero de Innovación de manera estrecha con Empleo para desatascar conflictos laborales. En el caso de A Novo, su departamento pagó 3,8 millones con cargo al "fondo de reptiles". Los informes de la Intervención también llegaban a su consejería, ya que la Agencia IDEA dependía de ella.
15. Martín Soler
Consejero de Innovación entre 2009 y 2010, época en la que el departamento siguió utilizando a IDEA para dar subvenciones y colaborar con Empleo. Su periodo también se investiga. Llegó a recibir al menos uno de los últimos informes de la Intervención.
Martes, 28 de agosto
16. Antonio Ávila
Es el actual responsable de Empleo. Fue miembro del consejo rector de la agencia IDEA, órgano que aprobó algunas de las ayudas irregulares otorgadas por la dirección general de Trabajo. La Consejería de Innovación, de la que es responsable desde 2010, también pagó ayudas que están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
17. Manuel Gómez
Ex interventor general de Hacienda, bajo su mandato se produjeron los informes que alertaban de la ilegalidad del procedimiento. Posteriormente, fue director general con Martínez Aguayo.
Declaró ante la Guardia Civil que Griñán debió recibir los informes aunque no sabe si le llegaron porque él se los enviaba a la viceconsejera Aguayo. No los comentó con el entonces consejero aunque es "probable" que lo hiciera con la "número dos". Los agentes consideran que la Intervención no adoptó "de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas".
18. Magdalena Álvarez
La exministra de Fomento era Consejera de Economía y Hacienda cuando se inauguró el convenio de 2001 que utilizaba las transferencias de financiación al ente instrumental IFA como ayudas sociolaborales. Aprobó modificaciones presupuestarias que ahora la Junta dice que han desaparecido.
Miércoles, 29 de agosto
19. Carmen Martínez Aguayo
Viceconsejera de Economía y Hacienda en la época en la que Griñán era consejero. Aseguró públicamente que recibió los informes de la Intervención General en los que se alertaba del procedimiento irregular instaurado en la Consejería de Empleo para el reparto discrecional de los fondos públicos. Aseguró que no los leyó y que tampoco se los trasladó al actual presidente de la Junta.
20. Gaspar Zarrías
Consejero de la Presidencia, presidía las reuniones donde los viceconsejeros. Según declaraciones de los imputados, en ellas se expuso el "sistema operativo" mediante el que se otorgaban las ayudas. Como titular de Presidencia también medió en conflictos laborales.
21. Juan Ignacio Zoido
Solicitado por PSOE e IU porque participó, como delegado del Gobierno en Andalucía, en las negociaciones para la prejubilación de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva costeado por los Ejecutivos central y autonómico. Sin embargo, no ha sido citado José Torres Hurtado, que también fue delegado del Gobierno y vivió situaciones similares.
Jueves, 30 de agosto
22. Javier Arenas
El dirigente popular estará en la comisión en calidad de ex ministro de Administraciones Públicas para hablar también de las prejubilaciones de la Faja Pirítica.
Viernes, 31 de agosto
24. Manuel Chaves
El "fondo de reptiles" se creó bajo su mandato como presidente de la Junta. Medió para que se solventaran problemas laborales antes de procesos electorales. Los avisos de los órganos de control fueron omitidos durante su Presidencia.
25. José Antonio Griñán
El presidente andaluz cerrará la comisión de investigación en la que deberá aclarar por qué no recibió los informes de la Intervención si iban dirigidos a su persona. Igualmente, deberá explicar las modificaciones presupuestarias que aprobó para "engordar" el fondo de reptiles cuando aparecían como transferencias de financiación y no como subvenciones.
Salvo las últimas, que dispondrán de más tiempo si fuese preciso, las comparecencias tendrán lugar por la mañana de 9 a 12 y de 12 a 3 y por la tarde, habrá otra de 5 a 8.
Los que no comparecerán por decisión del PSOE e IU
Más de la mitad de la documentación que el PP ha solicitado y la mayoria de la lista de comparecientes propuestos, no harán acto de presencia en la Comisión. Por ejemplo, los ex directores del IFA e IDEA, los viceconsejeros, los interventores de la Junta de Andalucía, las aseguradoras y los "conseguidores" y los sindicalistas implicados en la trama no comparecerán.
Respecto a la documentación que PSOE e IU han rechazado, destacan documentos esenciales como las actas de las reuniones de los viceconsejeros, conocidas como "consejillos" o los certificados de que quienes reciben la subvención están al corriente de las cuotas de la Seguridad Social.