El PP no ve "ninguna cesión" a ETA con el tercer grado
Carlos Floriano ha defendido la decisión tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que no ha habido "ninguna cesión" a la banda terrorista ETA en la concesión del tercer grado al preso etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, y ha subrayado que esta decisión se ha tomado "siempre de acuerdo con la ley".
En declaraciones a EFE, Floriano ha defendido así la decisión tomada esta tarde por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el caso de este terrorista enfermo de cáncer, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara.
Lo que ha hecho el Gobierno, ha dicho Floriano, es "cumplir la ley", y no ha habido "cesión a nadie", sino "el estricto cumplimiento del Estado de derecho, que prevé y deja abierta esta posibilidad".
El dirigente popular ha respondido así a las críticas que han hecho tras conocer la noticia las asociaciones de víctimas, que han visto en este tercer grado penitenciario una cesión a ETA y una victoria de la banda terrorista.
Tras recordar que el PP también ha sido víctima del terrorismo, Floriano ha subrayado que su partido "siempre ha defendido la estricta aplicación de la ley en todos los casos y en todo lo que es la lucha antiterrorista".
Además ha insistido en que los populares mantienen el mismo planteamiento hacia ETA: exigiendo la disolución de la banda, que pida perdón a las víctimas y que entregue las armas.
Sin olvidar la "gravedad" de los delitos cometidos por Uribetxebarria Bolinaga, Floriano ha señalado que también es cierta la gravedad de la enfermedad del preso y su previsible evolución, lo que "anula el riesgo de reincidencia y fuga".
Además ha recordado que en su resolución, Instituciones Penitenciarias advierte de que el preso debe cumplir determinadas reglas de conducta si queda en libertad condicional, como alejarse de las víctimas, no participar en actos de apoyo a ETA y no ausentarse de su lugar de residencia.
Dichas condiciones ponen de manifiesto, según el vicesecretario de Organización del PP, que el Gobierno es consciente de la "crueldad con la que este sujeto se comportó durante su vida" pero al mismo tiempo atiende a las "razones humanitarias" que le permiten legalmente tomar esta decisión.
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