La jueza encargada de la instrucción del caso de los ERE sigue avanzando en su investigación. Ahora va a ordenar a las entidades bancarias con las que trabajan aseguradoras, mediadoras, despachos de abogados, asociaciones de prejubilados y perceptores de subvenciones con cargo al fondo de reptiles que informen a la Guardia Civil sobre los movimientos de una relación de cuentas corrientes en un intento de aclarar "los verdaderos beneficiarios de las ayudas".
Además, Alaya va a investigar la gestión actual de la Junta de Andalucía en las ayudas y encomiendas de gestión del dinero público. Por ello, ha pedido más papeles y documentos a la Junta, los relativos a los expedientes y documentos contables de las encomiendas de gestión del año 2010 que se hayan tramitado en todo o en parte de su cuantía, en los años 2011 y 2012.
Según El Mundo y ABC esto significa subir un peldaño más en la investigación, lo que ha hecho efectivo en dos autos, uno del 17 de julio y otro del 25 de julio.
El auto de 17 de julio: sospechas de irregularidades del gobierno Griñán
La juez consideraba ya que el convenio marco de 2001 que dio origen a las ayudas presuntamente fraudulentas era ilícito, pero la nueva petición implica que también sospecha de que la modificación de esa orden realizada por la Junta el uno de abril de 2011 puede estar incurriendo igualmente en irregularidades, esto es, que la actuación del Ejecutivo andaluz después del estallido del escándalo a primeros del año 2011 ha seguido siendo irregular.
La juez pide ahora a la Junta toda la relación de empresas y el número de trabajadores de cada empresa de las ayudas sociolaborales establecidas en esa orden y que le explique los expedientes de ayudas que fueron admitidos y los que no fueron admitidos. En este sentido, la magistrada también solicita al Ejecutivo andaluz los expedientes "que hayan sido tramitados en 2011 y en 2012", tanto los que han sido finalizados y pagados como los que estén aún en fase de tramitación.
En este auto vuelve a quejarse de la falta de colaboración de la Administración autonómica porque no le ha enviado algunos datos solicitados por el juzgado sobre modificaciones presupuestarias. Además, pide al ex director general de Trabajo, Juan Márquez, que entregue toda la documentación sobre la asociación de cooperativas que ahora preside. Y, finalmente, desestima en el mismo el recurso que el ex director general de Trabajo, Daniel Rivera, presentó contra su imputación considerando que el exalto cargo tuvo conocimiento de la ausencia de procedimiento de las subvenciones heredado de sus predecesores y que no lo puso en conocimiento de la autoridad judicial.
El auto del 25 de julio: siguiendo la pista del dinero
En un auto fechado el pasado 25 de julio, Alaya ordena a las entidades bancarias señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informen a los agentes sobre fecha de apertura de las cuentas corrientes, sobre quiénes son sus titulares y las personas autorizadas a día de hoy o en el pasado, así como los movimientos bancarios que han tenido.
Se trata de desvelar las responsabilidades reales de los distintos implicados en el caso, desde las empresas mediadoras a las aseguradoras, desde los despachos de abogados a sindicatos y asociaciones de ex trabajadores. Se pretende conocer, claro está, el número y la cuantía de las comisiones, honorarios y otros cobros.
En un auto anterior, exige que se pida a todas las entidades y personas perceptoras de subvenciones los documentos que acrediten la solicitud y concesión de la ayuda del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), su heredera la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) o "cualquier otro organismo dependiente de la Junta de Andalucía".
La juez Alaya autoriza, además, al personal de la Inspección de Tributos que le ayuda para que accedan a las bases de datos corporativas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto a las entidades y personas físicas que son objeto de las diligencias.
También ha dado traslado a los peritos de la Intervención General del Estado de la "abundantísima" documentación aportada por la Junta a través de la Dirección General de Presupuestos, pero detalla que falta una relación de expedientes de modificaciones presupuestarias de 2001 a 2004 que fueron "eliminados" en octubre de 2010.