La decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de abrir diligencias por revelación de secretos en relación a la investigación sobre el secuestro del industrial zaragozano Publio Cordón, muerto a manos de los GRAPO, ha provocado indignación en la Guardia Civil, según informaron a Europa Press en fuentes de este cuerpo.
"Nosotros respetamos la profesionalidad de los jueces y nos gustaría que se respetara el trabajo que hemos hecho durante 17 años", resaltaron las citadas fuentes.
Gómez Bermúdez ha abierto una investigación por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos ante la filtración de datos incluidos en una comisión rogatoria remitida desde Francia y que contenía las pesquisas llevadas a cabo en el país galo sobre el secuestro y posterior desaparición del empresario Publio Cordón.
El magistrado ha solicitado a la Guardia Civil que le informe sobre la cadena de custodia de la citada comisión rogatoria y que especifique si se hizo alguna copia del documento, según fuentes jurídicas.
En una providencia, el juez especifica que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de información considerada como clasificada y que no debería haberse hecha pública. Gómez Bermúdez entiende que este hecho repercute negativamente en la cooperación judicial internacional y podría también perjudicar a la causa abierta en relación con el secuestro del empresario zaragozano.
El juez de la de Audiencia Nacional ha decretado la puesta en libertad previo pago de una fianza para dos de los tres miembros GRAPO detenidos en Cádiz y Sevilla por su relación con el secuestro de Cordón. El magistrado ha impuesto fianzas de 10.000 euros para Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa y ha ordenado el ingreso en prisión del tercero, José Antonio Ramón Teijelo.