El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llanera, ha señalado En casa de Herrero, de esRadio, que las protestas de los jueces contra el Gobierno no tienen que ver tanto con la rebaja salarial sino con la reforma de Gallardón, que va a suponer, se quejan, una politización de la Justicia aún mayor.
"Los jueces no somos ambiciosos, nunca hemos hecho movilizaciones. Hace tres o cuatro años hubo un paro testimonial, pero no por una cuestión de dinero sino por el abandono al que nos tiene sometidos la administración pública que no nos dota de los medios necesarios para hacer bien nuestro trabajo. Jamás los jueces han reclamado dinero", ha asegurado Llanera en los micrófonos de esRadio.
En 2010, a los jueces se les bajó el sueldo "un 10 por ciento", ha recordado el portavoz de la asociación mayoritaria en la magistratura, "y en el 2011 incrementamos el nivel de trabajo".
Ya, entrando de lleno en la explicación de la reforma, Llanera ha comenzado explicando cómo "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un órgano que, contrariamente a lo que piensa la gente, no es político sino de gobierno". A él "la Constitución le atribuye una función muy simple. Va a tener que gobernar todo lo relativo a los jueces: ingreso en la carrera judicial, sanciones, suspensiones, promociones... precisamente para que no se decida en un ámbito ajeno a los jueces", manifiesta Llanera.
Por este motivo "la Constitución establecía que de los 20 vocales, 12 tenían que ser jueces e inicialmente eran elegidos por los jueces. Eso le dotaba al órgano de una mayoría judicial que le permitía que se dirigiera con un criterio técnico, no con un criterio político". Sin embargo, esto se modificó durante el Gobierno de Felipe González, "en el año 85", especifica el portavoz. Supuso que "los 20 vocales, tanto jueces como no jueces, son elegidos por los políticos, y a partir de esa elección política esos vocales responden con mayor o menos intensidad a los impulsos políticos de quien los haya podido nombrar".
El PP se comprometió a modificar ese cambio realizado por los socialistas allá en la década de los 80. Pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dejó entrever que no cumplirá esta promesa electoral al afirmar que primaría el consenso con el PSOE, recordó Luis Herrero.
"Sí, y en esto seguro que lo conseguirá porque todas las fuerzas políticas que tengan interés en infiltrarse en esa casa de gobierno de los jueces, para poder influir en la política de los jueces, les conviene más la designación de los vocales por los políticos que no por los jueces", respondió Llanera, que entró a desgranar la propuesta del departamento que dirige Ruiz-Gallardón.
"La reforma, que es lo que ha generado la reacción de los últimos días, viene acompañada no sólo del abandono de la idea de que a los vocales los elijan los jueces, sino de otros elementos que van a desangrar al CGPJ de esa capacidad que tiene de proteger a los jueces", se lamentó. Y es que "se propone que la decisión de quiénes van a ser jueces en el futuro vaya al Ministerio de Justicia; se propone que la formación de los jueces, que no es otra cosa que decidir quiénes van a acumular méritos para poder ocupar las más altas responsabilidades y quiénes no, será decidido desde el Ministerio. Y además se nos propone unos vocales del CGPJ que no estarán en el CGPJ sino trabajando y que los papeles que se les llevará a última hora del día (para ser firmados) serán preparados por un cuerpo de letrados que nada tienen que ver con los jueces y que serán contratados de por vida en esta legislatura", señaló.