La retirada de escoltas por parte del Ministerio del Interior a los jueces y fiscales de los principales tribunales del país ha desatado la polémica. Entre otras razones porque llueve sobre mojado ya que han sido numerosos los miembros de la Carrera Judicial que en los últimos años se han visto amenazados por el terrorismo de ETA y el crimen organizado simplemente por el hecho de pertenecer al estamento judicial.
En la Audiencia Nacional se recuerda con especial cariño el nombre de la fiscal Carmen Tagle, asesinada en septiembre de 1989 a los 44 años por la banda terrorista cuando se encontraba en la puerta de su domicilio en Madrid.
No fue el único atentado que perpetró ETA contra un miembro de este tribunal. En febrero de 1990 lo hizo contra el ex presidente de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Lage por medio de un paquete-bomba que contenía trescientos gramos de exógeno líquido y que explotó cuando se encontraba en su casa. El magistrado, que sólo sufrió heridas en las manos, desconfió del paquete y logró salvar así su vida. Nueve años después, el magistrado de este órgano José Antonio Jiménez Alfaro perdió tres dedos de una mano al estallarle otro paquete bomba de ETA.
También produce especial cariño en la Judicarura los nombres de los magistrados del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Emperador y José Francisco De Querol y Lombardero. El primero de ellos fue asesinado el 10 de febrero de 1997, en Madrid por ETA cuando era magistrado de lo Social del Alto Tribunal. Aquel día, mientras llamaba al timbre del portar de su casa en Madrid, un pistolero de la banda terrorista se le acercó y le disparó un tiro en la cabeza.
A las 9:10 horas de la mañana del lunes 30 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinó en la capital, mediante un coche-bomba, al magistrado la Sala Quinta de lo Militar del TS, De Querol y Lombardero. Junto a él perdieron la vida aquel día su escolta y su chófer. Ese mismo año, tres etarras asesinaron al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, en el portal de su casa de Granada. Su hijo Daniel Portero, una de las voces más escuchadas entre las víctimas del terrorismo, pide día tras día respeto a la memoria de su padre.
Tampoco pasa desapercibido el nombre de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional al que ETA quitó la vida el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid mientras hablaba por teléfono con el profesor Elías Díaz, quien escuchó los tiros al otro lado del teléfono.
En la actualidad, han recibido amenazas de la banda criminal el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, el todavía presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar o el exjuez Baltasar Garzón cuando ocupó el juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional.
No obstante, no sólo ETA ha marcado como objetivos a miembros de la Audiencia Nacional. También las mafias rusas y los narcos han situado como objetivos potenciales del crimen organizado al magistrado instructor Fernando Andreu y al fiscal jefe, Javier Zaragoza.