Asociaciones de jueces y fiscales han criticado que el Ministerio del Interior haya acordado retirar "de forma generalizada, y de golpe y porrazo" a los escoltas que protegían a los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a excepción de los cargos más sensibles de la judicatura.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha destacado que Interior "debería repensar" la decisión de retirar "de forma generalizada" la protección de los jueces de la Sala de lo Penal y de los magistrados centrales de Instrucción, quienes "desempeñan funciones que, por su naturaleza, suponen una situación de riesgo objetivo".
En este sentido, ha recordado que estos cargos investigan y juzgan asuntos que afectan a grupos mafiosos, a redes de delincuencia organizada o al terrorismo internacional, entre el que destaca el terrorismo islámico. "Tienen una peligrosidad de cierta entidad", ha precisado.
"Con independencia de que la situación de inactividad de ETA pueda justificar en algunos supuestos una disminución, se tendrían que valorar los casos en los que concurre una situación de riesgo", ha indicado.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha apostado por hacer "una evaluación real del riesgo persona por persona y cargo por cargo", en vez de tomar decisiones "generalizadas".
"Parece un chiste que los encargados de llevar al sistema judicial español se queden sin protección, de golpe y porrazo y encima con publicidad, para que los potenciales enemigos recaben esa información y sepan estas circunstancias, y a personas próximas al entorno de ETA se les de la subvención correspondiente para su protección", ha añadido.
De este modo, ha contrapuesto ambas situaciones y ha lamentado que estos hechos "solamente ocurren en España". "En cualquier otro país es muy improbable que se den este tipo de situaciones", ha indicado.
El presidente de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha recordado que su organización remitió una carta al Ministerio del Interior el pasado mes de febrero en la que mostraba su "preocupación" por el anuncio de retirar la escolta a los fiscales de la Audiencia Nacional.
La asociación solicitaba en su misiva extremar y valorar "convenientemente" las condiciones de seguridad. En cualquier caso, ha confiado en que Interior haya actuado "con responsabilidad" a la hora de materializar la retirada.
Por último, la presidenta de la Asociación de Fiscales Progresistas, María Moretó, ha reprobado también la "gran desprotección" en la que van a quedar, "de la noche a la mañana", los jueces y fiscales. En su opinión, sería conveniente analizar la situación particular de cada afectado.
Según ha explicado, la Asociación de Fiscales Progresistas envió una carga a la Fiscalía General del Estado recordando que la Audiencia Nacional tiene todavía muchos juicios pendientes y tiene asignada la labor de instruir sobre el terrorismo islámico o el narcotráfico. "Quedan muchos conflictos por resolver", ha concluido.