El pasado miércoles el Tribunal Constitucional legalizó a la nueva marca de Batasuna, Sortu. Y lo hizo en un tiempo récord por expreso deseo de su presidente Pascual Sala. La razón de esta premura es que en esta ocasión las intenciones de PP y PSOE de llegar a un acuerdo para renovar este órgano es firme y, según fuentes consultadas por LD, los nombres se darán a conocer antes del 15 de julio.
Tras la última reunión que mantuvo el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba en el Palacio de la Moncloa, los negociadores de ambos partidos- Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, el propio Rubalcaba y Elena Valenciano- se han puesto manos a la obra para reemplazar las tres plazas de los magistrados correspondiente al Congreso de los Diputados que lleva funcionando en la interinidad desde noviembre de 2010.
Se trata de Eugeni Gay –vicepresidente-, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. A estas tres vacantes se suma la de Roberto García Calvo, fallecido en 2008, y cuya plaza nunca se llegó a cubrir.
Muy escrupulosos en las negociaciones –para evitar que la filtración de los candidatos no arruine el diálogo establecido ya que el "éxito de la gestión está fuera de los focos"- populares y socialistas cerrarán este acuerdo de forma inminente. Según fuentes consultadas por este periódico, por parte del PSOE los nombres que se han cruzado son los de los magistrados Juan Xiol Ríos –presidente en funciones del Tribunal Supremo- y Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado.
A falta de sorpresas, el PP mantendrá el nombre del magistrado Enrique López, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, quien supuso el principal escollo entre el anterior Ejecutivo y la oposición a la hora de alcanzar un pacto. Los populares entienden que "quienes fueron candidatos en su día están capacitados para volver a serlo" aunque están abiertos a la elección de nuevos magistrados.
Los doce miembros que componen el TC se renuevan por dos tercios cada tres años. Su elección es compleja, ya que los candidatos elegidos deben contar con el aval de los tres quintos de las Cortes. Los magistrados son designados por Congreso y Senado por un período de nueve años.
Con esta renovación, los principales partidos políticos pretenden frenar la imagen de desprestigio que rodea al máximo guardián de la Constitución, sobre todo, tras dictar sentencias tan polémicas como el fallo sobre el Estatuto de Cataluña, la sentencia de legalización de la coalición Bildu y, ahora la de la nueva marca política de ETA, Sortu.
También porque los magistrados avisaron a los partidos mayoritarios el pasado mes de mayo de que el tribunal "adoptaría las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean", en protesta por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Esta amenaza llegó justo un año después de que los magistrados Gay, Pérez Vera y Delgado presentaran su dimisión ante el presidente, Pascual Sala, quien no las aceptó en aras de evitar alterar el normal funcionamiento de la institución.
Estos tres magistrados forman parten del Tribunal Constitucional desde el año 2001. El mandato de Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado expiró en noviembre de 2010.
Si bien es cierto que el ejercer en la interinidad no le resta legalidad a su trabajo -la ley orgánica prevé estos casos de interinidad- es innegable que el decidir de asuntos tan sensibles como la ilegalización de un partido político vinculado a ETA a toda prisa antes de que se produzca dicha renovación deteriora la imagen de la institución.