El Gobierno echó el cerrojo a la celda de Arnaldo Otegi y descartó que pueda presentarse a las elecciones en el País Vasco, previstas aunque aún no hayan sido convocadas para el próximo otoño, una vez el partido político de ETA -Sortu- haya sido legalizado por el Tribunal Constitucional, volviendo a enmendar la plana al Supremo a pesar de que esté pendiente de su renovación inmediata.
Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta tuvo que escuchar de esRadio cómo un juez de la Audiencia Nacional está presionando precisamente al TC para la liberalización de Otegi, lo cual podría precipitar su regreso a la vida política. Soraya Sáenz de Santamaría descartó tajante: “A nuestro juicio no” debería de salir de prisión, pero “tienen que decidir los tribunales”, respondió.
En opinión del Ejecutivo, “deben cumplirse íntegramente las sentencias y más en casos de naturaleza tan grave como los que estamos hablando”, en referencia al terrorismo. Ahondando en esta cuestión, fuentes gubernamentales insistieron en que la “firmeza judicial” contra el mundo de ETA “se mantiene vigente”, una vez el Gobierno “está abrazado a la Ley de Partidos” que rechaza la negociación con la banda terrorista.