Alfredo Pérez Rubalcaba ha arremetido duramente contra Alberto Ruiz-Gallardón, actual ministro de Justicia, por decir que acata la sentencia del TC sobre Sortu pero que no comparte su contenido. El jefe de la oposición ha llegado a lanzar un órdago al asegurar que "si la hemeroteca no me desmiente" esta era la primera vez que un ministro de Justicia criticaba una sentencia y para más inri insistió en que los socialistas nunca se han acogido a la estrategia de acatar pero no compartir sentencias.
Sin embargo, la hemeroteca sí desmiente a Pérez Rubalcaba. Existen críticas de ministros de Justicia socialistas atacando decisiones judiciales y de destacados miembros del partido, entre las que él se encuentra, que acataban pero no compartían algunas de estas sentencias.
Sin remontarse demasiado en el tiempo aparece la figura de Mariano Fernández Bermejo, que desde que tomó posesión cargó en varias ocasiones contra decisiones judiciales, contra jueces y contra el CGPJ.
Uno de estos ejemplos tiene como protagonista a Otegi. En una comparecencia en el Senado, criticó a la Audiencia Nacional. Otegi estaba detenido en 2007 por enaltecimiento del terrorismo cuando la AN iba a juzgarle. Sin embargo, la Fiscalía, a instancias de Conde Pumpido, retiraba la acusación por lo que el tribunal tuvo que absolver al líder batasuno.
La Audiencia afirmó que existían pruebas de cargo suficientes en contra de Otegi, pero la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía le impidió dictar otra resolución que no fuera la absolución. Para el ministro de Justicia, el tribunal "se explaya sobre opiniones que nadie le pedía y la ley impedía", por lo que no hay que sorprenderse, dijo, si la Fiscalía estudiaba qué consecuencias legales pueden tener esas consideraciones.
También como ministro de Justicia, Bermejo arremetió duramente contra el juez Calamita. El socialista atacó la sentencia y apoyando las medidas pedidas por el PSOE contra el juez le dijo que su función "no es utilizar las sentencias para verter conceptos al margen de la Constitución".
Este mismo ministro fue el que en su toma de posesión tampoco dudó en criticar al Consejo General del Poder Judicial. En su estreno dijo que jueces y magistrados necesitan "con urgencia que el CGPJ recupere la legitimidad de la que hoy carece".
Pero del mismo modo, la hemeroteca deja en muy mal lugar a Rubalcaba y los suyos, que no siempre han simplemente acatado y respetado las sentencias judiciales. Uno de los ejemplos más recordados es del propio líder socialista. En 1998 exigía el indulto de Vera y Barrionuevo y decía ante los medios que ambos eran inocentes "diga lo que diga" el Tribunal Supremo.
El culmen se produjo en 1996 cuando Rubalcaba arremetía desde los micrófonos de Radio Nacional contra el juez que instruía el caso de los GAL. Sobre Baltasar Garzón y su actuación decía que el magistrado no era el paladín de la independencia de la justicia que todos predicamos "ni es el mejor juez" para el caso GAL. Añadió que no podía ser "del todo neutral respecto a quienes juzga, pues había colaborado con ellos en el Ministerio del Interior". No se quedó ahí Rubalcaba que llegó a insinuar que otro juez de la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño, rechazaba una recusación de Rafael Vera contra Garzón, porque ambos magistrados eran amigos. Rubalcaba dijo que había visto muchas veces en los medios la fotografía de Garzón y Liaño "yendo a tomar café juntos".
Más cercana en el tiempo está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insistía en que el español debía ser la lengua vehicular. Ni corto ni perezoso el líder socialista en septiembre de 2011 incitaba a la insumisión a los catalanes ante esta sentencia.
En el caso de Baltasar Garzón quedaron igualmente en evidencia distintos cargos socialistas, empezando por el propio Rubalcaba. El secretario general del PSOE no cumplió su premisa de sólo acatar sentencias y dijo que respetaba el fallo pero que le "entristecía" porque propiciaba la inhabilitación del juez.
Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, fue más allá y llegó a decir que el fallo era "desproporcionado" y que causaría "conmoción" en la ciudadanía.
Otro cargo electo como José Antonio Griñán también criticó a los jueces por la sentencia contra Garzón y dijo en su Twitter que "al judicializar la política hemos terminado politizando la Justicia" y añadía que estas "sentencias que provocan escándalo nos señalan que algo va mal".
Y ya en Andalucía han sido multitud los destacados miembros del PSOE los que han criticado los autos y las decisiones de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos. En este caso tampoco ha habido ni acatamiento ni respeto por las decisiones judiciales. La hemeroteca se encarga de desmentir a Rubalcaba.