Era de suponer que en este tema, convertido por IU en la campaña electoral en eje vertebral de sus compromisos, el desencuentro era inevitable. IU quiere la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán y otros en esta comisión parlamentaria, que puede constituirse hoy mismo, pero el PSOE, de momento, se niega a ello. El problema es que el PSOE depende, incluso numéricamente, de IU para impedir esta presencia de su líder en la comisión de los ERE. Es más, IU quiere que también comparezca ante la misma su antecesor, Manuel Chaves. Por si fuera poco, IU se ha referido a otros testimonios de diversos miembros del gobierno actual o de los pasados gobiernos de la Junta. De no adulterar su compromiso electoral, IU coincidirá con el PP y permitirá las comparecencias de Griñán y Chaves, lo que puede originar la primera grieta en el seno de la coalición de gobierno.
El PSOE andaluz, esto es, el equipo dirigente de José Antonio Griñán, no considera necesaria la comparecencia del líder porque dan por buena la versión de la hoy consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que afirmó en su día que había guardado las advertencias del Interventor General en un cajón y no se las entregó, como debió haber hecho, al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán. De hecho, El País dice que el PSOE se cierra en banda a tales comparecencias. Sin embargo, cuenta Diario de Sevilla, Griñán podría dar un paso adelante y presentarse voluntariamente en la Comisión de Investigación.
Sólo en dos de las ocho comisiones de investigación creadas en los 30 años del Parlamento andaluz acudieron a declarar dos presidentes de la Junta. José Rodríguez de la Borbolla declaró en la comisión sobre la compra del edificio Presidente, y Manuel Chaves también lo hizo, parcialmente, en la que se creó en la cuarta legislatura sobre la condonación de créditos a miembros del partido socialista por parte de la Caja de Ahorros de Jerez.
En el pacto de gobierno PSOE e IU, se acordó que se crearía una comisión de investigación sobre los ERE. Sin embargo, el PSOE insiste en la tesis de que no se acordó nada acerca de las comparecencias. Es más, se aceptó tácitamente que ni Griñán ni Chaves acudirían a ella como condición para aprobar su constitución. Las declaraciones de la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, en las que rechazó estas comparecencias y las de cualquier otro miembro del Consejo de Gobierno, desató las iras de Izquierda Unida que hizo hincapié en las bondades de una Comisión que no va a poder ser torpedeada por las fuerzas políticas mayoritarias PP y PSOE que suelen vetar testigos o aprobar conclusiones poco rigurosas o descomprometidas.
El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, en posición dominante en este asunto, aplaudió que IU "rectifique", aunque consideró que han tardado "mucho" en posicionarse ante "un caso en el que han desaparecido más de mil millones de euros de las arcas públicas". El PP tiene un listado con 24 dirigentes del PSOE y altos cargos de la Junta que va a solicitar sean comparecientes de la Comisión y entre ello, lógicamente, están Griñán y Chaves. De oponerse a alguna comparecencia, IU quedará en entredicho.
Si finalmente se constituye la Comisión hoy mismo, como es previsible, no se podrá contar con el informe de la Cámara de Cuentas cuya publicación definitiva se ha retrasado hasta dentro de un mes y medio o dos meses. IU confía en que sí pueda estar listo a lo largo de esta comisión y que se pueda incorporar, y el PP también, aunque con el matiz de que no haya ninguna "directriz política ni ningún tipo de cocina" que cambie el sentido del borrador que se filtró hace quince días y que contenían "datos sustanciales" que apuntaban a los más alto de la Junta. Los populares advierten de que de haber modificaciones importantes, el trabajo de fiscalización, y por ende, la propia Cámara de Cuentas, quedarían muy desacreditados.
Tampoco se sabe si, oficialmente, podrá contarse con el atestado completo de la Guardia Civil que circula ya libremente y que tienen los partidos políticos porque es un documento judicial. Pero nadie duda de que sus datos estarán encima de la mesa de sus miembros.