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Miles de personas arropan a las víctimas contra la reinserción de etarras

Multitud de banderas de España en la concentración de Colón en protesta por el Plan Integral de Reinserción para terroristas.

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La rebelión cívica, que naciera hace siete años para censurar la negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA, volvió a hacer acto de presencia este sábado en la plaza de Colón de Madrid. Allí, miles de personas se reunieron para arropar con su aliento a las víctimas del terrorismo.

El objetivo era repudiar y pedir la retirada del Plan Integral de Reinserción presentado a finales de abril por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que permite el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco si firman un documento en el que se desvinculan de la banda y renuncian al terrorismo.

El acto comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a los casi mil asesinados por ETA. Acabado el mismo, tomo la palabra la periodista de Libertad Digital y esRadio Ketty Garat, quien se encargó de conducir y presentar el acto. "La causa de las víctimas es la de todos los que nos sentimos españoles", dijo. "Salimos a la calle porque no tenemos una carnet de partido que nos obligue a callarnos", añadió.

Varias víctimas dieron a continuación sus testimonios sobre cómo el terrorismo de ETA había irrumpido en sus vidas y cómo les había afectado en el día a día. La primera oradora fue Rosa María Jiménez Bech, hija del capitán retirado de la Guardia Civil José Jiménez Mayoral, asesinado por ETA el 9 de octubre de 1982 en la localidad guipuzcoana de Irún. Tras ésta, llegó el turno de José María de Jesús Caballero, padre del guardia civil José Ángel de Jesús Encinas, asesinado junto a su compañera Irene Fernández en la localidad oscense de Sallent de Gállego el 20 de agosto de 2000.

Ambos criticaron abiertamente el Plan Integral de Reinserción y pidieron justicia para las víctimas, al tiempo que exigían que los terroristas de ETA cumplan íntegramente sus condenas y no se les ofrezcan "concesiones penitenciarias".

La tercera oradora fue Sara Barrera Alcaraz, hermana de dos niñas gemelas y prima de otro joven que fallecieron en el brutal atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987. En total, en aquel atentado, perdieron la vida 11 personas, cinco de ellos niños, y fueron heridas otras ochenta y ocho.

La joven dijo que nunca pudo conocer a sus hermanas fruto de la barbarie terrorista y desveló cómo fue conociendo poco a poco en su infancia que tenía dos hermanas que habían sido asesinadas. "He vivido con la desgracia que ETA nos dejó en la familia, pese a que nuestros padres intentaron ocultarnos su dolor para no trasmitírnoslo a nosotras", dijo. "Ni el sacrificio de mi padre ni el de ningún otro guardia civil merece beneficios penitenciarios", añadió.

Recordó como el dirigente de ETA Francisco Mújica Garmendia Pakito había instado a sus compañeros etarras a poner féretros blancos –de niños– sobre la mesa meses antes del asesinato de sus hermanas y su primo, y exigió la detención del dirigente de ETA José Antonio Urruticoechea Bengoechea Josu Ternera quien ordenó la matanza y negoció años después con el Gobierno Zapatero.

La cuarta en tomar la palabra fue María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, guardia civil asesinado por ETA en la localidad navarra de Leiza el 24 de septiembre de 2002, quien contó cómo su marido fue asesinado por la explosión de una bomba activada a distancia cuando se disponía a retirar una pancarta en la que se leía "Guardia Civil, muere aquí".

Según dijo, echó a los políticos de su casa cuando fueron a darle el pésame por la muerte de su marido: "A los políticos les dije que no me hacían falta"; y recordó cómo en las últimas fiestas de Leiza los proetarras colgaron una pancarta en recuerdo de los asesinos de ETA de la localidad que están en la cárcel.

"Los últimos años, las víctimas del terrorismo han sido vilipendiadas por los sucesivos gobiernos. Se creen que por nuestra condición impuesta de víctimas del terrorismo no tenemos derecho a opinar, aseguró".

Tras estos testimonios, tomaron la palabra un concejal del PP en la localidad alavesa de Arceniega y la viuda de concejal del PP en Zumárraga Manuel Indiano, asesinado por la banda terrorista el 29 de agosto de 2000. Ambos dieron el testimonio que de lo que ha supuesto durante estos últimos treinta años dar un paso adelante y entrar en política en las filas de un partido constitucionalista.

Concluidas sus palabras, tocó el turno de la lectura del manifiesto, que fue leído por cuatro víctimas del terrorismo, en el que denunciaron que "la vía Nanclares es un subterfugio creado por Rubalcaba y mantenido por Fernández Díaz para dar una salida fácil a los terroristas de ETA sin crear alarma social". "Pedimos la retirada del mal llamado Programa de Reinserción de los terroristas por estar más que demostrado que estos asesinos no se arrepienten de sus crímenes" y "porque uno de los requisitos que exige la ley es la colaboración con la justicia y los terroristas se niegan a hacerlo", continuaron.

"No estamos administrando el final de ETA, estamos ante el mayor desafío de la banda asesina, que aunque en estos momentos no utiliza las pistolas por no interesarles, mantienen al Estado de Derecho bajo libertad vigilada. ETA no está derrotada, todo lo contrario, tiene más poder político y económico que nunca, ha rentabilizado los asesinatos de nuestros familiares con el consentimiento de nuestra clase política que por acción u omisión han permitido que las marcas de ETA estén hoy sentadas en el Parlamento Nacional, Diputaciones y Ayuntamientos", concluyeron.

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