Ni veinticuatro horas ha tardado el Tribunal Supremo en archivar la denuncia que la asociación de juristas Preeminencia del Derecho presentó este martes contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por haber pagado presuntamente sus viajes privados a Marbella con el presupuesto de este órgano público.
De esta forma, el Alto Tribunal –que preside el propio Dívar- se ha apresurado a dar cerrojazo al escándalo protagonizado por su presidente dictando un auto horas después de haber recibido dicha denuncia donde se acusaba al magistrado de un delito de estafa y otro de apropiación indebida. Una medida que, en cambio, no impedirá que el caso siga coleando en el órgano de gobierno de los jueces donde este jueves varios vocales volverán a pedir explicaciones a su presidente.
Después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara la investigación sobre los fines de semana que el magistrado pasó en un hotel de Puerto Banús (Marbella) a instancias del vocal José Manuel Gómez Benítez, la denuncia presentada por la asociación presidida por el abogado José Luis Mazón era la primera acción legal que se emprendía contra Carlos Dívar.
En un escueto comunicado, el Alto Tribunal explicaba que ésta se ha inadmitido a trámite aunque no ha querido explicar los motivos jurídicos que han llevado a adoptar esta decisión. Lo cierto es que la sucesión de informaciones sobre el presidente del Supremo no ha sentando nada bien entre los magistrados de este órgano que una vez más han optado por la discreción.
Mazón acusó a Dívar de haber cometido presuntamente un delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto de malversación de caudales públicos al ser "un alto cargo del Estado". En la denuncia, los juristas señalaron que "el principio de que cada uno se paga sus fiestas fue roto en la conducta del presidente del Consejo General del Poder Judicial desplazando los costes económicos, total o parcialmente, de sus fines de semana caribeños a las arcas públicas".