La Fiscalía Anticorrupción se encuentra a la espera de que la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos a través del Instituto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, para poder cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron a través de su entidad aparentemente sin ánimo de lucro por trabajos cuya realización no ha sido justificada, y a partir de ahí solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.
Sin embargo, aunque el Ministerio Público está pendiente de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según apuntaron fuentes de la investigación a Europa Press.
Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, las acusaciones contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien varias semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos investigados.
Así, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la pieza número 25 del caso Palma Arena, ya anunció que solicitaría la imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado por el momento al instructor de las pesquisas.
Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.
Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Es más, la documentación intervenida en los registros practicados en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado experto en fiscalidad internacional Salvador Trinxet.